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martes, 10 de noviembre de 2026

Cuánto dinero podés transferir sin que ARCA reciba una alerta y qué montos toma en cuenta

 Las nuevas disposiciones de ARCA detallan cuándo una transferencia implica reportar fondos y cómo impacta en cuentas vinculadas o digitales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió precisiones sobre las transferencias bancarias y las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales. El organismo explicó qué sucede cuando una transferencia supera los $2.500.000, cuáles son los montos mensuales que pueden generar obligaciones de información y qué ocurre con los movimientos entre cuentas de un mismo titular.

Una de las principales dudas de los usuarios está relacionada con la existencia de un límite para enviar o recibir dinero sin que intervenga el organismo recaudador. Frente a esas consultas, ARCA aclaró que superar los $2.500.000 en una operación no significa que esté prohibida ni que automáticamente se active una fiscalización.

El importe forma parte de un régimen de información financiera que establece determinados parámetros para que bancos, billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago comuniquen los movimientos de sus clientes.

Por lo tanto, el monto de una transferencia no debe interpretarse como un límite operativo. La obligación de informar depende de las condiciones establecidas en la normativa y de los movimientos registrados durante cada mes.

ARCA: qué pasa si hacés una transferencia de más de $2.500.000

El parámetro de $2.500.000 establece uno de los criterios que deben considerar las entidades alcanzadas por el régimen de información. No representa un tope para transferir dinero ni implica que una operación por encima de esa cifra sea irregular.

Según las aclaraciones difundidas por el organismo, para que se active la obligación de informar bajo el criterio mencionado deben cumplirse simultáneamente dos condiciones: superar el importe individual establecido para las transferencias y exceder los umbrales mensuales correspondientes.

Estos parámetros varían según el tipo de contribuyente:

  • Personas humanas: $50.000.000 mensuales en ingresos, egresos o saldos finales
  • Personas jurídicas: $30.000.000 mensuales en ingresos, egresos o saldos finales
  • Transferencias: deben superar el parámetro individual de $2.500.000 y cumplirse también la condición vinculada con los montos mensuales

Esto significa que una persona puede realizar una transferencia de $3.000.000 sin que esa operación genere, por sí sola, la obligación de informar bajo el criterio explicado por ARCA. Para ello, también debe considerarse si durante el período mensual se superaron los importes establecidos para los ingresos, egresos o saldos finales.

Por ejemplo, si un usuario transfiere $3.000.000 desde una cuenta bancaria y sus movimientos mensuales no superan los $50.000.000 correspondientes a personas humanas, no se activa la obligación de reporte por la combinación de parámetros mencionada.

En cambio, cuando se superan ambas condiciones, las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago alcanzados deben cumplir con las obligaciones de información previstas en el régimen.

Qué significan los montos que estableció ARCA

Los importes contemplados en la Resolución General 5.804/2025 funcionan como umbrales para determinar cuándo corresponde comunicar información al organismo recaudador.

La normativa establece diferencias entre personas humanas y jurídicas. En el primer caso, el parámetro mensual es de $50.000.000, mientras que para las empresas y otras personas jurídicas se ubica en $30.000.000.

Estos valores contemplan los ingresos, los egresos y los saldos finales registrados en las cuentas o instrumentos alcanzados por el régimen. La distinción resulta relevante porque una transferencia individual no permite determinar por sí sola si corresponde presentar información.

También deben analizarse los movimientos acumulados durante el mes y los importes registrados al cierre del período.

De esta manera, una operación que supera los $2.500.000 puede formar parte de un conjunto de movimientos que no alcanza los parámetros mensuales. En ese escenario, no se configura automáticamente la obligación de reporte por el criterio que combina ambos requisitos.

ARCA también aclaró que la presentación de información por parte de las entidades no implica necesariamente el inicio de una fiscalización sobre el titular de la cuenta.

El reporte constituye un mecanismo mediante el cual el organismo recibe datos sobre determinadas operaciones financieras. Una eventual revisión de la situación fiscal de un contribuyente responde a otros procedimientos y criterios de control.

Qué pasa con las transferencias entre cuentas propias

Otra de las consultas habituales está relacionada con los movimientos de dinero entre cuentas bancarias y billeteras virtuales que pertenecen a una misma persona.

Estas operaciones son frecuentes entre usuarios que tienen cuentas en diferentes entidades financieras o utilizan más de una aplicación para administrar sus fondos.

ARCA aclaró que las transferencias entre cuentas propias también pueden quedar incluidas en los reportes que presentan las entidades alcanzadas por la normativa, siempre que se cumplan los parámetros establecidos.

Por ejemplo, una persona que transfiere dinero desde su cuenta bancaria hacia una billetera virtual de su misma titularidad puede realizar esa operación sin que exista una prohibición específica por tratarse de un movimiento entre cuentas propias.

Sin embargo, si los movimientos acumulados durante el mes superan los umbrales correspondientes, las entidades pueden tener que informar esas operaciones al organismo.

En este punto, la titularidad de las cuentas no elimina la aplicación del régimen de información. Lo que determina la obligación de reporte son los parámetros previstos en la normativa.

Por ese motivo, quienes distribuyen sus fondos entre diferentes bancos y billeteras virtuales deben considerar que esos movimientos también pueden formar parte de la información que las entidades suministran a ARCA.

Pagos con código QR: qué parámetro se aplica

El organismo también estableció una diferenciación para las operaciones realizadas mediante códigos QR cuando se utilizan para pagar bienes y servicios.

En estos casos, no se aplica el parámetro individual de $2.500.000 previsto para las transferencias. Sin embargo, las operaciones pueden quedar alcanzadas por las obligaciones de información cuando se superan los montos mensuales establecidos.

Los umbrales son de $50.000.000 para personas humanas y de $30.000.000 para personas jurídicas, de acuerdo con los criterios correspondientes al régimen.

Esto significa que los pagos realizados mediante QR tienen un tratamiento diferente respecto de las transferencias individuales. La ausencia del parámetro de $2.500.000 no implica que esas operaciones estén completamente excluidas de los mecanismos de información financiera.

Las entidades y los proveedores de servicios de pago deben considerar los importes mensuales y las condiciones previstas para determinar qué información corresponde presentar.

Quién debe informar los movimientos de dinero a ARCA

Otra de las precisiones del organismo está vinculada con las responsabilidades de los usuarios y las entidades financieras.

ARCA aclaró que las personas que realizan transferencias o utilizan billeteras virtuales no deben efectuar trámites adicionales por la aplicación de estas disposiciones.

La obligación de recopilar y presentar la información corresponde a los bancos, las empresas proveedoras de servicios de pago y las demás entidades alcanzadas por la normativa. Por lo tanto, los usuarios no tienen que solicitar autorizaciones especiales para realizar transferencias que superen los $2.500.000 ni presentar una declaración específica por el solo hecho de superar ese importe.

El cumplimiento del régimen queda a cargo de las entidades que administran las cuentas y procesan las operaciones.

¿ARCA puede investigar una transferencia de más de $2.500.000?

Superar el parámetro individual de $2.500.000 no significa que ARCA vaya a investigar automáticamente al titular de la cuenta.

El régimen establece condiciones para que las entidades informen determinados movimientos financieros. La recepción de esos datos por parte del organismo no equivale, por sí misma, a una inspección o a una determinación de irregularidades fiscales.

En consecuencia, deben diferenciarse dos situaciones: la obligación de las entidades de comunicar información y las eventuales acciones de control que puede llevar adelante el organismo.

Una transferencia de $3.000.000, por ejemplo, no está prohibida por superar ese importe. Para determinar si corresponde informar la operación bajo el criterio señalado, también deben verificarse los parámetros mensuales.

Las aclaraciones de ARCA buscan precisar el alcance de las obligaciones de información y evitar que los montos establecidos se interpreten como límites para operar con dinero propio.

En definitiva, las transferencias bancarias y los movimientos entre billeteras virtuales pueden realizarse por encima de los $2.500.000. La obligación de reporte depende de las condiciones previstas en la Resolución General 5.804/2025 y corresponde a las entidades alcanzadas, no a los usuarios.

Monotributo: los errores que pueden dejarte afuera por 3 años

 ARCA contempla distintas situaciones que pueden provocar la exclusión del monotributo, incluso sin superar el límite de facturación

Los contribuyentes inscriptos en el monotributo deben cumplir una serie de condiciones para mantenerse dentro del régimen simplificado. Aunque habitualmente la atención se concentra en los límites de facturación, existen otros comportamientos que pueden provocar la exclusión y obligar al trabajador independiente a pasar al régimen general de impuestos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contempla distintas causales de exclusión relacionadas con movimientos bancarios, gastos personales, operaciones comerciales y características de la actividad económica. Algunas situaciones pueden detectarse mediante cruces automáticos de información, sin necesidad de una inspección presencial.

Las consecuencias pueden ser importantes: además de tener que inscribirse en los impuestos que correspondan dentro del régimen general, el contribuyente excluido no podrá regresar al monotributo hasta que transcurran tres años calendario, salvo las excepciones previstas por la normativa.

Monotributo: cuáles son los errores que pueden provocar la exclusión

Según la información oficial de ARCA, la exclusión no depende únicamente de cuánto factura un contribuyente. El organismo también analiza otros parámetros que permiten determinar si una persona reúne las condiciones para permanecer en el régimen.

Entre las principales situaciones que pueden provocar la exclusión aparecen:

  • Superar el límite de ingresos: cuando la facturación acumulada durante los últimos 12 meses excede el máximo permitido para la categoría K.
  • Registrar depósitos bancarios incompatibles: cuando las acreditaciones no guardan relación con los ingresos declarados y no existe una justificación suficiente.
  • Realizar gastos personales injustificados: adquirir bienes o afrontar consumos que resulten incompatibles con la capacidad económica declarada.
  • No emitir facturas: realizar operaciones comerciales sin la documentación respaldatoria correspondiente.
  • Declarar una actividad incorrecta: inscribirse como vendedor de productos cuando en realidad se prestan servicios.
  • Superar la cantidad de actividades permitidas: desarrollar más de tres actividades simultáneas o contar con más de tres unidades de explotación.
  • Importar para comercializar: realizar determinadas importaciones de bienes o servicios destinados a su posterior venta.

También existen límites vinculados con la superficie utilizada, el consumo de electricidad, los alquileres y el precio unitario de los productos vendidos.

Otro parámetro relevante es la relación entre las compras y los gastos de la actividad respecto del máximo de ingresos de la categoría K. La normativa contempla porcentajes diferentes para quienes venden productos y quienes prestan servicios.

Cuánto se puede facturar para seguir en el monotributo

Desde agosto de 2026, el límite máximo de ingresos brutos anuales para permanecer en el monotributo es de $126.610.838,75, correspondiente a la categoría K, según la tabla vigente publicada por ARCA. Ese importe se calcula considerando los ingresos de los últimos 12 meses, por lo que no alcanza con revisar únicamente la facturación del año calendario.

Además, estar por debajo de ese máximo no garantiza automáticamente la permanencia en el régimen. Si se configura alguna de las otras causales previstas por la normativa, el contribuyente también puede quedar excluido.

En el caso de los depósitos bancarios, es importante distinguir los ingresos provenientes de la actividad económica de otros movimientos de dinero. Por ejemplo, una transferencia entre cuentas propias o un préstamo documentado no constituye necesariamente facturación. Sin embargo, puede resultar necesario acreditar el origen de los fondos si ARCA detecta inconsistencias.

Qué pasa si ARCA excluye a un monotributista

La exclusión implica que el contribuyente deja de pertenecer al régimen simplificado y debe cumplir las obligaciones tributarias que correspondan dentro del régimen general, como IVA, Ganancias y Autónomos, según su situación.

Como regla general, no podrá volver al monotributo hasta que hayan transcurrido tres años calendario desde la exclusión. La normativa contempla una excepción específica para determinados contribuyentes excluidos desde enero de 2024 bajo parámetros anteriores a la Ley 27.743.

Cuando la exclusión surge de controles sistémicos, ARCA envía una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico. Si el contribuyente considera que la decisión es incorrecta, puede presentar una apelación dentro de los 15 días de recibida la comunicación, mediante el servicio Presentaciones Digitales.

Si la situación se detecta durante una fiscalización presencial, existe un procedimiento diferente, que contempla la posibilidad de presentar un descargo dentro de los 10 días de la notificación.

Por eso, además de controlar la facturación, resulta fundamental conservar comprobantes, justificar movimientos de dinero y revisar periódicamente las comunicaciones oficiales de ARCA. Una inconsistencia no aclarada puede terminar generando consecuencias económicas mucho mayores que un simple cambio de categoría.

 

sábado, 7 de noviembre de 2026

ARCA extiende y amplía el plan de pagos para MiPyMEs hasta junio de 2027

 ARCA a través de la Resolución General 5924/2026 modificó el régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5924/2026 modificó el régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La medida extiende la fecha de corte de las obligaciones que pueden incluirse en el plan, que pasa a contemplar las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive, Señala Errepar.

Asimismo, el organismo prorrogó el plazo para adherir al régimen hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

La modificación busca ampliar las posibilidades de acceso a las condiciones de regularización previstas en el régimen original, que permite cancelar obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

¿Qué obligaciones se pueden incluir?

Con la modificación, el régimen comprende las siguientes obligaciones:

  • Obligaciones impositivas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.
  • Obligaciones de los recursos de la seguridad social vencidas hasta esa misma fecha.
  • Retenciones y percepciones impositivas.
  • Obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación.
  • Multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive.

De esta manera, se reemplaza el límite anterior del 30 de junio de 2026 y se amplía el universo temporal de las deudas que pueden regularizarse mediante este mecanismo.

¿Desde cuándo se podrán incorporar las nuevas obligaciones?

La resolución general entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, la posibilidad de incorporar las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026 estará disponible en el sistema "Mis Facilidades" a partir del 16 de noviembre de 2026.

Para realizar el acogimiento, los contribuyentes deberán ingresar al servicio web de ARCA y seleccionar la opción:

  • "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026".

¿Hasta cuándo se puede adherir al plan?

El plazo para formalizar la adhesión al régimen se extiende hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

La solicitud deberá realizarse a través del servicio "Mis Facilidades", conforme a las características, funciones y aspectos técnicos establecidos en el micrositio correspondiente.

¿Qué régimen se modifica?

La medida modifica la Resolución General 5875 y su modificatoria, que estableció un régimen especial de facilidades de pago para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro.

La normativa original contemplaba la regularización de obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026. Posteriormente, la Resolución General 5920 había extendido el plazo de adhesión hasta el 30 de diciembre de 2026.

Ahora, la nueva modificación introduce dos cambios centrales: amplía hasta el 31 de octubre de 2026 la fecha de corte de las obligaciones regularizables y lleva el vencimiento para adherir al 30 de junio de 2027.

 


miércoles, 4 de noviembre de 2026

ARCA suspende embargos a pymes y pequeños contribuyentes hasta mayo 2027 y ya es oficial

 Caputo anunció en la UIA medidas impositivas destinadas a aliviar la deuda de las empresas con ARCA, con suspensión de embargos y planes de pago

El Gobierno estableció la suspensión hasta el 30 de junio de 2027 del inicio de juicios de ejecución y de la traba de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para pymes y pequeños contribuyentes determinados contribuyentes.

Cómo se suspenden los embargos de ARCA

La suspensión de embargos quedó formalizada mediante la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La principal novedad es que el esquema de protección, que hasta ahora alcanzaba a entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud, incorpora expresamente a las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 y a personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes por ARCA

En el caso de las pymes, la condición para acceder al beneficio es contar con el Certificado Mipyme vigente al 29 de octubre de 2026, fecha en que fue dictada la resolución. Para las personas humanas y las sucesiones indivisas, en cambio, la calificación como pequeños contribuyentes quedará sujeta a los parámetros que determine el organismo recaudador.

La norma establece dos situaciones. Por un lado, prorroga hasta el 30 de junio de 2027 el plazo de protección que había sido dispuesto originalmente para las entidades sin fines de lucro y el sector de la salud. Por otro, encomienda a ARCA que disponga la misma suspensión para las pymes y los pequeños contribuyentes.

Qué cambia para las pymes

La incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas constituye el aspecto más relevante de la nueva disposición. Hasta ahora, la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares se había concentrado en las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes de la actividad sanitaria.

Con la Resolución 1899/2026, el Ministerio de Economía amplía ese universo y busca ofrecer un margen adicional a las empresas de menor tamaño frente a las acciones judiciales de cobro del fisco.

El requisito del Certificado MiPyME tiene una fecha de corte precisa: debe encontrarse vigente el 29 de octubre. Por lo tanto, no alcanza con obtenerlo con posterioridad.

En cuanto a los pequeños contribuyentes, la resolución incluye a personas humanas y sucesiones indivisas, pero deja en manos de ARCA la determinación de quiénes reunirán esa condición. Ese punto deberá precisarse a través de la instrumentación que realice el organismo.

Una protección que se viene prorrogando desde 2024

La suspensión de juicios fiscales y medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud comenzó a fines de diciembre de 2024. En ese momento, mediante la Resolución 1445/2024, el Ministerio de Economía encomendó a ARCA disponer la suspensión hasta el 31 de julio de 2025.

Posteriormente, el plazo fue extendido en sucesivas oportunidades mediante las resoluciones 1066/2025, 2109/2025 y 1158/2026, que llevaron la protección hasta el 31 de diciembre de 2026. La nueva Resolución 1899 vuelve a ampliar ese período y fija como fecha límite el 30 de junio de 2027.

En los considerandos, Economía sostiene que persisten las circunstancias particulares que habían motivado las medidas de contención para esos sectores y que, por ese motivo, resulta necesario extenderlas.

Los fundamentos para incluir a las pymes

Para justificar la ampliación del beneficio al sector productivo, el Ministerio de Economía invocó la Ley 24.467, que tiene entre sus objetivos promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas mediante instrumentos de apoyo.

La resolución destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía argentina porque concentran una gran cantidad de trabajadores y registran, a su vez, un aumento de su capacidad exportadora.

Sobre esa base, el Gobierno considera oportuno brindar herramientas que fomenten el desarrollo de esas compañías, impulsen el empleo y favorezcan el crecimiento de las exportaciones.

La norma también recuerda que el Decreto 618 de 1997 faculta al organismo recaudador a suspender el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares.

No dispone expresamente el levantamiento de embargos que ya se encuentren trabados ni la paralización automática de todos los juicios fiscales en trámite. El alcance de la resolución se refiere al inicio de nuevas ejecuciones fiscales y a la traba de medidas cautelares durante el período establecido.

La Resolución 1899/2026 entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, el 4 de noviembre. De esta manera, el Gobierno extendió la protección hasta el 30 de junio de 2027 e incorporó a las pymes y a determinados pequeños contribuyentes a un esquema que busca evitar que las acciones judiciales de cobro de ARCA profundicen las dificultades financieras de esos sectores.



domingo, 1 de noviembre de 2026

Vencimientos Impositivos Noviembre 2026

 












viernes, 30 de octubre de 2026

Empleada doméstica: ARCA aumentó los aportes y ART a pagar en noviembre y diciembre

 Los empleadores de casas particulares deberán pagar nuevos valores de aportes y contribuciones, así como de ART, en noviembre y diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes de los aportes, las contribuciones y las cuotas destinadas a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) correspondientes al personal de casas particulares. Los nuevos valores rigen para los períodos de octubre y noviembre de 2026, que se pagarán en noviembre y diciembre, respectivamente.

Los montos que deben ingresar los empleadores varían según la cantidad de horas trabajadas por semana y la situación previsional de la empleada doméstica. El esquema distingue entre el personal activo mayor de 18 años, los trabajadores de entre 16 y 18 años y quienes ya están jubilados.

Cuánto se paga por el personal activo mayor de 18 años

Para el período octubre de 2026, cuyo pago vence en noviembre, los empleadores deben abonar $10.856,52 para empleadas domésticas que prestan servicios menos de 12 horas semanales; $17.007,37 cuando trabajan desde 12 y menos de 16 horas, y $44.784,77 cuando cumplen 16 horas o más por semana.

En noviembre, con vencimiento en diciembre, los importes aumentan a $10.953,66 para menos de 12 horas semanales; $17.162,80 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas, y $45.024,63 para quienes trabajan 16 horas o más.

En el caso de los trabajadores mayores de 18 años, los importes comprenden la cuota de la ART, los aportes destinados a la obra social y las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Para octubre, la cuota de la ART asciende a $8.041,77 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, $11.684,59 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $16.961,43 para las jornadas de 16 horas o más. A estos valores se suman los aportes a la obra social y las contribuciones previsionales correspondientes.

En noviembre, la ART pasa a $8.138,91 para el primer tramo, $11.840,02 para el segundo y $17.201,29 para el tercero.

Los aportes a la obra social y las contribuciones al SIPA se mantienen sin cambios: $2.084,85 y $729,90, respectivamente, para menos de 12 horas; $3.863,30 y $1.459,48 para el tramo de 12 a menos de 16 horas, y $25.694,55 y $2.128,79 para 16 horas o más.

Personal de entre 16 y 18 años

Los empleadores también deben considerar importes diferenciados cuando el trabajador tiene entre 16 y 18 años.

Para octubre, con vencimiento en noviembre, el pago total es de $10.126,62 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales; $15.547,89 para quienes cumplen desde 12 y menos de 16 horas, y $42.655,98 para quienes trabajan 16 horas o más.

En noviembre, con vencimiento en diciembre, los montos pasan a $10.223,76, $15.703,32 y $42.895,84, respectivamente.

En estos casos no corresponde ingresar contribuciones al SIPA. Por eso, el importe está integrado por la cuota de la ART y los aportes destinados a la obra social.

Cuánto deben pagar los empleadores por trabajadores jubilados

El régimen también establece valores específicos para el personal de casas particulares que ya se encuentra jubilado. En este caso, los importes incluyen la cuota de la ART y las contribuciones al SIPA, pero no contemplan aportes a la obra social.

Para octubre de 2026, el monto total es de $8.771,67 para menos de 12 horas semanales; $13.144,07 para jornadas de 12 a menos de 16 horas, y $19.090,22 para 16 horas o más.

En noviembre, los valores ascienden a $8.868,81, $13.299,50 y $19.330,08, en ese mismo orden.

Período y criterios de pago

La actualización establece dos períodos de pago: los importes correspondientes a octubre deben ingresarse durante noviembre, mientras que los de noviembre vencen en diciembre.

Para determinar el monto correcto, el empleador debe tener en cuenta tanto las horas semanales trabajadas como la condición del personal. La diferencia entre los tramos horarios es relevante porque los importes de los aportes y las contribuciones cambian según la carga horaria. También varía la composición del pago para los trabajadores menores de 18 años y para quienes están jubilados.

 



lunes, 26 de octubre de 2026

ARBA habilitó la moratoria con 40% de descuento para Inmobiliario y Patentes

 Los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Patentes y Embarcaciones se podrán pagar con fuertes descuentos según la cantidad de cuotas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitó desde este lunes 26 de octubre, un plan especial de pagos para regularizar deudas tributarias con importantes bonificaciones. El esquema es escalonado y concentra los mayores beneficios en las primeras semanas: hasta el 13 de noviembre, quienes cancelen al contado accederán a un descuento del 40%.

Habrá tiempo para inscribirse hasta diciembre, con beneficios decrecientes por deuda hasta diciembre de 2025, y el plan de bonificaciones comienza en 2027 . Premia a los contribuyentes que hayan sido buenos cumplidores.

Cómo es el plan de pago de ARBA con 40% de descuento

La adhesión al plan de pago con hasta 40% de descuento se realiza íntegramente de manera digital, a través del sitio oficial de ARBA. Desde allí, cada contribuyente puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y formalizar el plan sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El director ejecutivo del organismo de recaudación, Cristian Girard, explicó que la medida busca abrir una instancia concreta para regularizar obligaciones antes de que termine el año.

"Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana", sostuvo.

De cara a 2027, no registrar deuda con el fisco provincial será condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.

Qué se prevé para buenos cumplidores

El nuevo plan de pago previsto para el próximo año reconocerá especialmente la trayectoria de cumplimiento: los mayores beneficios corresponderán a quienes hayan pagado en tiempo y forma y no hayan necesitado ingresar a moratorias o planes de regularización.

"El año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus obligaciones", señaló Girard.

Qué impuestos se podrán regularizar

El plan que comenzó a regir este lunes alcanza a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

Permitirá regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Qué etapas tendrá el acogimiento y con qué beneficios

Durante la primera etapa, que se extenderá desde hoy y hasta el 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas. Entre el 14 y el 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%, 15% y 10%, respectivamente.

Luego, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio será del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. En la última etapa, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del capital adeudado.

Quienes necesiten una financiación más extensa podrán acceder a los planes habituales de ARBA con una mayor cantidad de cuotas. Para adherir al régimen especial, consultar la deuda y elegir la modalidad de pago, se debe ingresar a https://web.arba.gov.ar/planes-por-impuesto.



viernes, 23 de octubre de 2026

Monotributo: qué cambió la reforma laboral y cuándo se puede reclamar una indemnización

 El encuadre tributario no garantiza desligar vínculo laboral si hay subordinación; claves para empleadores ante nuevas demandas y riesgos legales

 

La reforma laboral modificó las reglas para analizar determinadas contrataciones de trabajadores independientes, pero facturar como monotributista no impide reclamar el reconocimiento de una relación de dependencia cuando las condiciones reales de prestación permiten acreditar que existía un vínculo laboral.

El cambio introducido en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) limita la presunción de existencia de un contrato laboral en ciertos supuestos de contratación de obras o servicios. Sin embargo, no convierte automáticamente cualquier prestación en una actividad independiente ni elimina las contingencias asociadas a los llamados falsos monotributistas.

Para el abogado Jorge Grispo, uno de los principales riesgos para las empresas consiste en interpretar la reforma como una autorización general para contratar monotributistas sin revisar cómo se desarrolla efectivamente el trabajo.

Qué cambió con la reforma laboral para los monotributistas

La reforma modificó el artículo 23 de la LCT, que regula la presunción de existencia de un contrato de trabajo cuando se prestan servicios en determinadas condiciones.

La nueva redacción establece que la prestación de servicios de obras o servicios profesionales u oficios, cuando se instrumenta mediante las figuras previstas en el Código Civil y Comercial y se cumplen los requisitos legales, no genera por sí sola la presunción de existencia de una relación laboral. La norma contempla, entre otros aspectos, la emisión de facturas o recibos y las condiciones de instrumentación de la contratación.

El cambio modifica el punto de partida para analizar determinados vínculos entre empresas y trabajadores independientes. La exclusión de la presunción no impide que se reclame el reconocimiento de una relación laboral, pero puede incidir en la forma en que debe acreditarse su existencia.

Grispo advierte que el problema de los falsos monotributistas no se resuelve con la inscripción fiscal, la emisión de comprobantes o la firma de un contrato de prestación de servicios. Lo determinante es establecer si la modalidad contractual coincide con las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

Cuándo un monotributista puede ser considerado empleado

La inscripción en el monotributo no determina por sí sola la naturaleza jurídica del vínculo. Para establecer si existe una relación de dependencia deben analizarse las circunstancias concretas de la prestación y la eventual presencia de subordinación jurídica, técnica o económica.

Entre los indicadores que pueden resultar relevantes se encuentran:

  • El cumplimiento de horarios establecidos por la empresa
  • La recepción de órdenes, instrucciones y supervisión sobre las tareas
  • La obligación de concurrir a un lugar de trabajo determinado
  • La integración estable a la estructura organizativa de la compañía
  • La falta de autonomía para decidir cómo organizar y ejecutar la actividad

La dependencia económica, la utilización de herramientas de la empresa y la prestación de servicios para un único cliente también pueden aportar elementos al análisis, aunque ninguno de esos factores determina por sí solo la existencia de una relación laboral.

En sentido contrario, la posibilidad de organizar los propios horarios, decidir cómo realizar las tareas, trabajar para distintos clientes y asumir los riesgos de la actividad puede respaldar la existencia de una prestación independiente.

Grispo señala que una persona que trabaja durante años para una única empresa, cumple horarios definidos, recibe directivas permanentes y se integra a su estructura operativa puede generar una controversia sobre el verdadero carácter del vínculo, aunque emita facturas como monotributista. En esos casos, la documentación fiscal no alcanza por sí sola para resolver la discusión.

¿Un monotributista puede reclamar una indemnización por despido?

Sí. Una persona inscripta en el monotributo puede reclamar judicialmente el reconocimiento de una relación laboral. Si logra acreditar que existió un vínculo de dependencia y que su extinción genera los derechos correspondientes, podrá solicitar los créditos laborales que resulten procedentes.

Según las circunstancias del caso, el reclamo puede incluir:

  • Indemnización por despido
  • Diferencias salariales
  • Vacaciones adeudadas
  • Sueldo anual complementario
  • Otros créditos derivados de la relación laboral reconocida

La procedencia de cada concepto depende de los hechos acreditados, el período reclamado, las características de la desvinculación y las normas aplicables.

También debe distinguirse entre el reconocimiento de la relación laboral y las consecuencias de la falta de registración. La reforma modificó determinados regímenes vinculados con las multas por empleo no registrado o deficientemente registrado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente todas las sanciones previstas por la normativa anterior. Para determinar qué consecuencias pueden reclamarse, es necesario considerar el concepto involucrado y la legislación aplicable según el período de los hechos.

Grispo advierte que las contingencias pueden acumularse durante meses o años sin que exista un conflicto visible. Una desvinculación o una disputa económica puede llevar a examinar retrospectivamente una contratación que hasta ese momento no había generado cuestionamientos.

Qué pruebas pueden demostrar una relación de dependencia

En un reclamo laboral, además del contrato y las facturas, pueden evaluarse documentos, comunicaciones y testimonios que permitan reconstruir cómo se organizaba el trabajo y qué grado de autonomía tenía la persona contratada.

Entre los elementos que pueden resultar relevantes se encuentran:

  • Correos electrónicos y mensajes internos
  • Registros de asistencia y horarios
  • Órdenes de trabajo e instrucciones
  • Manuales operativos y procedimientos internos
  • Comunicaciones entre la empresa y quien presta los servicios
  • Testimonios de compañeros, superiores u otras personas que conozcan la modalidad de trabajo
  • Documentación sobre la organización y supervisión de las tareas

Estas pruebas pueden contribuir a establecer quién definía los horarios, impartía instrucciones, controlaba los resultados y organizaba la actividad cotidiana.

La documentación contractual y fiscal también forma parte del análisis, pero debe valorarse junto con los demás elementos. La reforma del artículo 23 modifica el alcance de la presunción legal en determinados supuestos; no impide que los tribunales examinen las características efectivas del vínculo cuando se discute si existió una relación de dependencia.

Qué deberían revisar las empresas que contratan monotributistas

Para Grispo, la reforma representa una oportunidad para revisar las modalidades de contratación e identificar posibles contingencias. La evaluación no debería limitarse a comprobar la inscripción fiscal y la emisión de facturas, sino que tendría que verificar si el contrato refleja la forma en que se desarrolla realmente la actividad.

La revisión puede contemplar cuatro aspectos: autonomía contractual y operativa (si la persona organiza su actividad y toma decisiones sobre la ejecución de los servicios); modalidad de trabajo (si existen horarios obligatorios, directivas permanentes y controles propios de una relación de subordinación); organización de la prestación (si desarrolla una actividad propia o está incorporada de manera estable a la estructura operativa de la empresa); y coherencia documental (si el contrato y la facturación se corresponden con las condiciones reales en las que se prestan los servicios).

El objetivo es identificar los vínculos que responden a una actividad genuinamente independiente y aquellos que requieren una evaluación más profunda de su encuadre jurídico.

Grispo advierte que la frecuencia de una modalidad de contratación dentro de un sector no garantiza que sea jurídicamente correcta. Una práctica extendida puede generar contingencias si las condiciones concretas presentan características propias de una relación laboral.

El abogado también señala que las empresas suelen concentrarse en el costo inmediato de regularizar una situación, mientras que las consecuencias de no hacerlo parecen lejanas. Sin embargo, un reclamo posterior puede involucrar obligaciones acumuladas durante un período prolongado.

Por eso, el cambio normativo no elimina la necesidad de evaluar cada contratación: modifica el marco legal aplicable a determinados servicios, pero la naturaleza del vínculo sigue dependiendo de sus características concretas y de las pruebas que puedan acreditarlas.


Cómo funciona la retención de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales

 Supermercados reclamaron al Gobierno que CABA, Santa Fe y La Pampa adhieran al sistema que permite retener anticipos de IIBB en algunas operaciones

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reclamó al Gobierno nacional que promueva la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y La Pampa al sistema SIRCUPA, que permite retener anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones en cuentas de pago, como las de Mercado Pago.

El planteo apunta a reducir las diferencias entre los mecanismos de recaudación que alcanzan a los comercios según el medio de cobro que utilizan y la jurisdicción en la que operan. Desde el sector supermercadista sostienen que los negocios que cobran a través del sistema bancario están sujetos a controles y retenciones, mientras que la falta de un esquema equivalente sobre las billeteras virtuales puede generar ventajas para competidores que operan fuera de los circuitos formales.

"Desde el sector supermercadista alertaron sobre la profunda distorsión que genera la falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo", expresaron desde la asociación.

En esa línea, la entidad advirtió que "mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados -sufriendo retenciones automáticas de Ingresos Brutos mediante el sistema Sircreb-, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales (PSP) sin ningún tipo de impacto fiscal directo en dichas jurisdicciones".

Según la ASU, la adhesión permitiría ampliar los mecanismos de control sobre las ventas y reducir las diferencias entre los comercios, sin crear un nuevo impuesto.

Sin embargo, el reclamo tiene un matiz: la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos (COMARB) informó que las tres jurisdicciones están avanzando en el proceso de incorporación y prevén hacerlo antes de fin de año. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la adhesión ya fue anunciada.

Qué es el SIRCUPA y cómo funciona la retención de Ingresos Brutos

El SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago) es un mecanismo que permite recaudar anticipadamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones de dinero en cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago (PSP), como las billeteras virtuales.

El sistema fue creado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral mediante la Resolución General 9/2022. El organismo coordina la información, la recaudación y la distribución de los importes correspondientes a las jurisdicciones que participan del régimen.

La retención no constituye un impuesto nuevo ni implica necesariamente un pago definitivo. Se trata de un anticipo de Ingresos Brutos que el contribuyente puede computar al momento de liquidar el tributo que le corresponda.

Cómo funciona el mecanismo en las jurisdicciones adheridas

En las jurisdicciones adheridas, el mecanismo funciona de la siguiente manera:

  • El contribuyente recibe el dinero: ingresa una acreditación en su cuenta virtual, identificada con una Clave Virtual Uniforme (CVU).
  • La billetera aplica la retención: si corresponde según el régimen y el padrón aplicable, el proveedor de servicios de pago descuenta el porcentaje establecido.
  • El importe se ingresa al sistema: el proveedor declara y deposita el dinero recaudado.
  • El contribuyente computa el anticipo: el monto retenido se utiliza para cancelar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe liquidar ante la jurisdicción correspondiente.

La alícuota no es igual para todos los contribuyentes. Depende del padrón, de las jurisdicciones involucradas y de las reglas tributarias aplicables. Tampoco todas las transferencias entre particulares quedan automáticamente alcanzadas, ya que existen sujetos y operaciones excluidos del régimen.

Cuáles son las tres jurisdicciones que no adhirieron

Al 19 de octubre de 2026, las jurisdicciones que todavía no se habían incorporado al SIRCUPA eran:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
  • Santa Fe.
  • La Pampa.

La falta de adhesión implica que no funciona el mecanismo unificado del SIRCUPA para recaudar por cuenta de esas jurisdicciones. Por lo tanto, una acreditación en una billetera virtual no queda alcanzada por una retención de ese sistema correspondiente a CABA, Santa Fe o La Pampa por el solo hecho de ingresar en la cuenta.

No obstante, esto no significa que los contribuyentes dejen de estar obligados a pagar Ingresos Brutos. El impuesto sigue vigente y debe declararse y abonarse cuando corresponde, de acuerdo con las normas de cada jurisdicción.

Tampoco implica que no puedan existir otros mecanismos de recaudación. Las administraciones tributarias locales pueden establecer regímenes propios y determinados movimientos posteriores hacia cuentas bancarias pueden quedar alcanzados por el SIRCREB, según las condiciones aplicables.

La diferencia que plantea la ASU se concentra, entonces, en el mecanismo de retención anticipada sobre las acreditaciones en cuentas de pago y en la posibilidad de que los comercios estén sujetos a distintos esquemas de recaudación según dónde operen.

Qué busca el reclamo de los supermercados

El planteo de las grandes cadenas apunta a que los comercios que reciben pagos mediante billeteras virtuales queden sujetos a mecanismos de retención comparables con los que operan sobre las cuentas bancarias en las jurisdicciones adheridas.

Para el sector, la ausencia de un sistema unificado puede dificultar el control fiscal de una parte de las operaciones y generar diferencias de tratamiento entre establecimientos formales y otros que operan con menor nivel de registración.

La posible incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa modificaría ese escenario al extender el alcance territorial del SIRCUPA. De acuerdo con la información de la COMARB, las tres jurisdicciones avanzan en esa dirección y la previsión es que completen el proceso antes de fin de año.