domingo, 1 de noviembre de 2026
viernes, 30 de octubre de 2026
Empleada doméstica: ARCA aumentó los aportes y ART a pagar en noviembre y diciembre
Los empleadores de casas particulares deberán pagar nuevos valores de aportes y contribuciones, así como de ART, en noviembre y diciembre
La
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes de los
aportes, las contribuciones y las cuotas destinadas a la Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART) correspondientes al personal de casas particulares. Los
nuevos valores rigen para los períodos de octubre y noviembre de 2026, que se
pagarán en noviembre y diciembre, respectivamente.
Los
montos que deben ingresar los empleadores varían según la cantidad de horas
trabajadas por semana y la situación previsional de la empleada
doméstica. El esquema distingue entre el personal activo mayor de 18
años, los trabajadores de entre 16 y 18 años y quienes ya están jubilados.
Cuánto se paga por el
personal activo mayor de 18 años
Para
el período octubre de 2026, cuyo pago vence en noviembre, los empleadores deben
abonar $10.856,52 para empleadas
domésticas que prestan servicios menos de 12 horas semanales; $17.007,37
cuando trabajan desde 12 y menos de 16 horas, y $44.784,77 cuando cumplen 16
horas o más por semana.
En
noviembre, con vencimiento en diciembre, los importes aumentan a $10.953,66
para menos de 12 horas semanales; $17.162,80 para jornadas de entre 12 y menos
de 16 horas, y $45.024,63 para quienes trabajan 16 horas o más.
En
el caso de los trabajadores mayores de 18 años, los importes comprenden la
cuota de la ART, los aportes destinados a la obra social y las contribuciones
al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Para
octubre, la cuota de la ART asciende a $8.041,77 para quienes trabajan menos de
12 horas semanales, $11.684,59 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16
horas y $16.961,43 para las jornadas de 16 horas o más. A estos valores se
suman los aportes a la obra social y las contribuciones previsionales
correspondientes.
En
noviembre, la ART pasa a $8.138,91 para el primer tramo, $11.840,02 para el
segundo y $17.201,29 para el tercero.
Los
aportes a la obra social y las contribuciones al SIPA se mantienen sin cambios:
$2.084,85 y $729,90, respectivamente, para menos de 12 horas; $3.863,30 y $1.459,48
para el tramo de 12 a menos de 16 horas, y $25.694,55 y $2.128,79 para 16 horas
o más.
Personal de entre 16 y 18
años
Los
empleadores también deben considerar importes diferenciados cuando el
trabajador tiene entre 16 y 18 años.
Para
octubre, con vencimiento en noviembre, el pago total es de $10.126,62 para
quienes trabajan menos de 12 horas semanales; $15.547,89 para quienes cumplen
desde 12 y menos de 16 horas, y $42.655,98 para quienes trabajan 16 horas o
más.
En
noviembre, con vencimiento en diciembre, los montos pasan a $10.223,76,
$15.703,32 y $42.895,84, respectivamente.
En
estos casos no corresponde ingresar contribuciones al SIPA. Por eso, el importe
está integrado por la cuota de la ART y los aportes destinados a la obra
social.
Cuánto deben pagar los
empleadores por trabajadores jubilados
El
régimen también establece valores específicos para el personal de casas
particulares que ya se encuentra jubilado. En este caso, los importes incluyen
la cuota de la ART y las contribuciones al SIPA, pero no contemplan aportes a
la obra social.
Para
octubre de 2026, el monto total es de $8.771,67 para menos de 12 horas
semanales; $13.144,07 para jornadas de 12 a menos de 16 horas, y $19.090,22
para 16 horas o más.
En
noviembre, los valores ascienden a $8.868,81, $13.299,50 y $19.330,08, en ese
mismo orden.
Período y criterios de pago
La
actualización establece dos períodos de pago: los importes correspondientes a
octubre deben ingresarse durante noviembre, mientras que los de noviembre
vencen en diciembre.
Para
determinar el monto correcto, el empleador debe tener en cuenta tanto las horas
semanales trabajadas como la condición del personal. La diferencia entre los
tramos horarios es relevante porque los importes de los aportes y las
contribuciones cambian según la carga horaria. También varía la composición del
pago para los trabajadores menores de 18 años y para quienes están jubilados.
lunes, 26 de octubre de 2026
ARBA habilitó la moratoria con 40% de descuento para Inmobiliario y Patentes
Los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Patentes y Embarcaciones se podrán pagar con fuertes descuentos según la cantidad de cuotas
La
Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitó desde
este lunes 26 de octubre, un plan especial de pagos para regularizar deudas
tributarias con importantes bonificaciones. El esquema es escalonado y
concentra los mayores beneficios en las primeras semanas: hasta el 13 de
noviembre, quienes cancelen al contado accederán a un descuento del 40%.
Habrá
tiempo para
inscribirse hasta diciembre, con beneficios decrecientes por deuda
hasta diciembre de 2025, y el plan de bonificaciones comienza en 2027 . Premia
a los contribuyentes que hayan sido buenos cumplidores.
Cómo es el plan de pago de
ARBA con 40% de descuento
La
adhesión al plan de pago
con hasta 40% de descuento se realiza íntegramente de manera
digital, a través del sitio oficial de ARBA. Desde allí, cada contribuyente
puede consultar sus obligaciones, seleccionar el impuesto correspondiente y
formalizar el plan sin necesidad de realizar trámites presenciales.
El
director ejecutivo del organismo de recaudación, Cristian Girard, explicó que
la medida busca abrir una instancia concreta para regularizar obligaciones
antes de que termine el año.
"Queremos
que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en
condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas
para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y
cercana", sostuvo.
De
cara a 2027, no registrar deuda con el fisco provincial será condición
necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos.
Qué se prevé para buenos
cumplidores
El
nuevo plan de pago previsto para el próximo año reconocerá especialmente la
trayectoria de cumplimiento: los mayores beneficios corresponderán a quienes
hayan pagado en tiempo y forma y no hayan necesitado ingresar a moratorias o
planes de regularización.
"El
año que viene vamos a profundizar el reconocimiento a quienes vienen
cumpliendo. Los descuentos serán mayores para quienes hayan mantenido una buena
conducta tributaria durante los últimos años, porque queremos valorar de manera
concreta el esfuerzo y la responsabilidad de quienes cumplen con sus
obligaciones", señaló Girard.
Qué impuestos se podrán
regularizar
El
plan que comenzó a regir este lunes alcanza a los impuestos sobre los Ingresos
Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.
Permitirá
regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025,
incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en
proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones vencidas o
devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.
Qué etapas tendrá el
acogimiento y con qué beneficios
Durante
la primera etapa, que se extenderá desde hoy y hasta el 13 de noviembre, la
bonificación será del 40% para el pago al contado, 20% en tres cuotas y 15% en
seis cuotas. Entre el 14 y el 27 de noviembre, los descuentos serán del 35%,
15% y 10%, respectivamente.
Luego,
entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el beneficio será del 30% al
contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. En la última etapa, del 12 al
31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al
contado. En todos los casos, los descuentos no podrán superar el monto del
capital adeudado.
Quienes
necesiten una financiación más extensa podrán acceder a los planes habituales
de ARBA con una mayor cantidad de cuotas. Para adherir al régimen especial,
consultar la deuda y elegir la modalidad de pago, se debe ingresar a
https://web.arba.gov.ar/planes-por-impuesto.
viernes, 23 de octubre de 2026
Monotributo: qué cambió la reforma laboral y cuándo se puede reclamar una indemnización
El encuadre tributario no garantiza desligar vínculo laboral si hay subordinación; claves para empleadores ante nuevas demandas y riesgos legales
La
reforma laboral modificó las reglas para analizar determinadas
contrataciones de trabajadores independientes, pero facturar como
monotributista no impide reclamar el reconocimiento de una relación de
dependencia cuando las condiciones reales de prestación permiten acreditar que
existía un vínculo laboral.
El
cambio introducido en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
limita la presunción de existencia de un contrato laboral en ciertos supuestos
de contratación de obras o servicios. Sin embargo, no convierte automáticamente
cualquier prestación en una actividad independiente ni elimina las
contingencias asociadas a los llamados falsos monotributistas.
Para
el abogado Jorge Grispo, uno de los principales riesgos para las empresas consiste en interpretar
la reforma como una autorización general para contratar monotributistas
sin revisar cómo se desarrolla efectivamente el trabajo.
Qué cambió con la reforma
laboral para los monotributistas
La
reforma modificó el artículo 23 de la LCT, que regula la presunción de
existencia de un contrato de trabajo cuando se prestan servicios en
determinadas condiciones.
La
nueva redacción establece que la prestación de servicios de obras o servicios
profesionales u oficios, cuando se instrumenta mediante las figuras previstas
en el Código Civil y Comercial y se cumplen los requisitos legales, no genera
por sí sola la presunción de existencia de una relación laboral. La norma
contempla, entre otros aspectos, la emisión de facturas o recibos y las
condiciones de instrumentación de la contratación.
El
cambio modifica el punto de partida para analizar determinados vínculos entre
empresas y trabajadores independientes. La exclusión de la presunción no impide
que se reclame el reconocimiento de una relación laboral, pero puede incidir en
la forma en que debe acreditarse su existencia.
Grispo
advierte que el problema de los falsos monotributistas no se resuelve con la
inscripción fiscal, la emisión de comprobantes o la firma de un contrato de
prestación de servicios. Lo determinante es establecer si la modalidad
contractual coincide con las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
Cuándo un monotributista
puede ser considerado empleado
La
inscripción en el monotributo no determina por sí sola la naturaleza jurídica
del vínculo. Para establecer si existe una relación de dependencia deben
analizarse las circunstancias concretas de la prestación y la eventual
presencia de subordinación jurídica, técnica o económica.
Entre los indicadores que pueden resultar relevantes se
encuentran:
- El
cumplimiento de horarios establecidos por la empresa
- La
recepción de órdenes, instrucciones y supervisión sobre las tareas
- La
obligación de concurrir a un lugar de trabajo determinado
- La
integración estable a la estructura organizativa de la compañía
- La
falta de autonomía para decidir cómo organizar y ejecutar la actividad
La
dependencia económica, la utilización de herramientas de la empresa y la
prestación de servicios para un único cliente también pueden aportar elementos
al análisis, aunque ninguno de esos factores determina por sí solo la
existencia de una relación laboral.
En
sentido contrario, la posibilidad de organizar los propios horarios, decidir
cómo realizar las tareas, trabajar para distintos clientes y asumir los riesgos
de la actividad puede respaldar la existencia de una prestación independiente.
Grispo
señala que una persona que trabaja durante años para una única empresa, cumple
horarios definidos, recibe directivas permanentes y se integra a su estructura
operativa puede generar una controversia sobre el verdadero carácter del
vínculo, aunque emita facturas como monotributista. En esos casos, la
documentación fiscal no alcanza por sí sola para resolver la discusión.
¿Un monotributista puede
reclamar una indemnización por despido?
Sí.
Una persona inscripta en el monotributo puede reclamar judicialmente el
reconocimiento de una relación laboral. Si logra acreditar que existió un
vínculo de dependencia y que su extinción genera los derechos correspondientes,
podrá solicitar los créditos laborales que resulten procedentes.
Según las circunstancias del caso, el reclamo puede incluir:
- Indemnización
por despido
- Diferencias
salariales
- Vacaciones
adeudadas
- Sueldo
anual complementario
- Otros
créditos derivados de la relación laboral reconocida
La
procedencia de cada concepto depende de los hechos acreditados, el período
reclamado, las características de la desvinculación y las normas aplicables.
También
debe distinguirse entre el reconocimiento de la relación laboral y las
consecuencias de la falta de registración. La reforma modificó determinados
regímenes vinculados con las multas por empleo no registrado o deficientemente
registrado, por lo que no corresponde aplicar automáticamente todas las
sanciones previstas por la normativa anterior. Para determinar qué
consecuencias pueden reclamarse, es necesario considerar el concepto
involucrado y la legislación aplicable según el período de los hechos.
Grispo
advierte que las contingencias pueden acumularse durante meses o años sin que
exista un conflicto visible. Una desvinculación o una disputa económica puede
llevar a examinar retrospectivamente una contratación que hasta ese momento no
había generado cuestionamientos.
Qué pruebas pueden demostrar
una relación de dependencia
En
un reclamo laboral, además del contrato y las facturas, pueden evaluarse
documentos, comunicaciones y testimonios que permitan reconstruir cómo se
organizaba el trabajo y qué grado de autonomía tenía la persona contratada.
Entre los elementos que pueden resultar relevantes se
encuentran:
- Correos
electrónicos y mensajes internos
- Registros
de asistencia y horarios
- Órdenes
de trabajo e instrucciones
- Manuales
operativos y procedimientos internos
- Comunicaciones
entre la empresa y quien presta los servicios
- Testimonios
de compañeros, superiores u otras personas que conozcan la modalidad de
trabajo
- Documentación
sobre la organización y supervisión de las tareas
Estas
pruebas pueden contribuir a establecer quién definía los horarios, impartía instrucciones, controlaba los
resultados y organizaba la actividad cotidiana.
La
documentación contractual y fiscal también forma parte del análisis, pero debe
valorarse junto con los demás elementos. La reforma del artículo 23 modifica el
alcance de la presunción legal en determinados supuestos; no impide que los
tribunales examinen las características efectivas del vínculo cuando se discute
si existió una relación de dependencia.
Qué deberían revisar las
empresas que contratan monotributistas
Para
Grispo, la reforma representa una oportunidad para revisar las modalidades de
contratación e identificar posibles contingencias. La evaluación no
debería limitarse a comprobar la inscripción fiscal y la emisión de facturas,
sino que tendría que verificar si el contrato refleja la forma en que se
desarrolla realmente la actividad.
La
revisión puede contemplar cuatro aspectos: autonomía contractual y operativa
(si la persona organiza su actividad y toma decisiones sobre la ejecución de
los servicios); modalidad de trabajo (si existen horarios obligatorios,
directivas permanentes y controles propios de una relación de subordinación);
organización de la prestación (si desarrolla una actividad propia o está
incorporada de manera estable a la estructura operativa de la empresa); y
coherencia documental (si el contrato y la facturación se corresponden con las
condiciones reales en las que se prestan los servicios).
El
objetivo es identificar los vínculos que responden a una actividad genuinamente
independiente y aquellos que requieren una evaluación más profunda de su
encuadre jurídico.
Grispo
advierte que la frecuencia de una modalidad de contratación dentro de un sector
no garantiza que sea jurídicamente correcta. Una práctica extendida puede
generar contingencias si las condiciones concretas presentan características
propias de una relación laboral.
El
abogado también señala que las empresas suelen concentrarse en el costo
inmediato de regularizar una situación, mientras que las consecuencias de no
hacerlo parecen lejanas. Sin embargo, un reclamo posterior puede involucrar
obligaciones acumuladas durante un período prolongado.
Por
eso, el cambio normativo no elimina la necesidad de evaluar cada contratación:
modifica el marco legal aplicable a determinados servicios, pero la naturaleza
del vínculo sigue dependiendo de sus características concretas y de las pruebas
que puedan acreditarlas.
Cómo funciona la retención de Ingresos Brutos en las billeteras virtuales
Supermercados reclamaron al Gobierno que CABA, Santa Fe y La Pampa adhieran al sistema que permite retener anticipos de IIBB en algunas operaciones
La
Asociación de Supermercados Unidos (ASU) reclamó al Gobierno
nacional que promueva la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), Santa Fe y La Pampa al sistema SIRCUPA, que permite retener anticipos
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones en
cuentas de pago, como las de Mercado Pago.
El
planteo apunta a reducir las diferencias entre los mecanismos de recaudación
que alcanzan a los comercios según el medio de cobro que utilizan y la
jurisdicción en la que operan. Desde el sector supermercadista sostienen que los
negocios que cobran a través del sistema bancario están sujetos a controles y
retenciones, mientras que la falta de un esquema equivalente sobre las
billeteras virtuales puede generar ventajas para competidores que operan fuera
de los circuitos formales.
"Desde
el sector supermercadista alertaron sobre la profunda distorsión que genera la
falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo",
expresaron desde la asociación.
En
esa línea, la entidad advirtió que "mientras que el comercio formal y las
grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados
-sufriendo retenciones automáticas de Ingresos Brutos mediante el sistema
Sircreb-, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas
de pago y billeteras virtuales (PSP) sin ningún tipo de impacto fiscal directo
en dichas jurisdicciones".
Según
la ASU, la adhesión permitiría ampliar los mecanismos de control sobre las
ventas y reducir las diferencias entre los comercios, sin crear un nuevo
impuesto.
Sin
embargo, el reclamo tiene un matiz: la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos
(COMARB) informó que las tres jurisdicciones están avanzando en el proceso de
incorporación y prevén hacerlo antes de fin de año. En el caso de la Ciudad de
Buenos Aires, la adhesión ya fue anunciada.
Qué es el SIRCUPA y cómo
funciona la retención de Ingresos Brutos
El
SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en
Cuentas de Pago) es un mecanismo que permite recaudar anticipadamente el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones de dinero
en cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago (PSP), como
las billeteras virtuales.
El
sistema fue creado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral mediante
la Resolución General 9/2022. El organismo coordina la información, la
recaudación y la distribución de los importes correspondientes a las
jurisdicciones que participan del régimen.
La
retención no constituye un impuesto nuevo ni implica necesariamente un pago
definitivo. Se trata de un anticipo de Ingresos Brutos que el contribuyente
puede computar al momento de liquidar el tributo que le corresponda.
Cómo funciona el mecanismo
en las jurisdicciones adheridas
En las jurisdicciones adheridas, el mecanismo funciona de la
siguiente manera:
- El contribuyente recibe el dinero: ingresa una acreditación en su
cuenta virtual, identificada con una Clave Virtual Uniforme (CVU).
- La billetera aplica la retención: si corresponde según el régimen y
el padrón aplicable, el proveedor de servicios de pago descuenta el
porcentaje establecido.
- El importe se ingresa al sistema: el proveedor declara y deposita
el dinero recaudado.
- El contribuyente computa el anticipo: el monto retenido se utiliza
para cancelar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe
liquidar ante la jurisdicción correspondiente.
La
alícuota no es igual para todos los contribuyentes. Depende del padrón, de las
jurisdicciones involucradas y de las reglas tributarias aplicables. Tampoco
todas las transferencias entre particulares quedan automáticamente alcanzadas,
ya que existen sujetos y operaciones excluidos del régimen.
Cuáles son las tres
jurisdicciones que no adhirieron
Al 19 de octubre de 2026, las jurisdicciones que todavía no se
habían incorporado al SIRCUPA eran:
- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).
- Santa
Fe.
- La
Pampa.
La
falta de adhesión implica que no funciona el mecanismo unificado del SIRCUPA
para recaudar por cuenta de esas jurisdicciones. Por lo tanto, una acreditación
en una billetera virtual no queda alcanzada por una retención de ese sistema
correspondiente a CABA, Santa Fe o La Pampa por el solo hecho de ingresar en la
cuenta.
No
obstante, esto no significa que los contribuyentes dejen de estar obligados a
pagar Ingresos Brutos. El impuesto sigue vigente y debe declararse y abonarse
cuando corresponde, de acuerdo con las normas de cada jurisdicción.
Tampoco
implica que no puedan existir otros mecanismos de recaudación. Las
administraciones tributarias locales pueden establecer regímenes propios y
determinados movimientos posteriores hacia cuentas bancarias pueden quedar
alcanzados por el SIRCREB, según las condiciones aplicables.
La
diferencia que plantea la ASU se concentra, entonces, en el mecanismo de
retención anticipada sobre las acreditaciones en cuentas de pago y en la
posibilidad de que los comercios estén sujetos a distintos esquemas de
recaudación según dónde operen.
Qué busca el reclamo de los
supermercados
El
planteo de las grandes cadenas apunta a que los comercios que reciben pagos
mediante billeteras virtuales queden sujetos a mecanismos de retención
comparables con los que operan sobre las cuentas bancarias en las
jurisdicciones adheridas.
Para
el sector, la ausencia de un sistema unificado puede dificultar el control
fiscal de una parte de las operaciones y generar diferencias de tratamiento
entre establecimientos formales y otros que operan con menor nivel de
registración.
La
posible incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa modificaría ese escenario al
extender el alcance territorial del SIRCUPA. De acuerdo con la información de
la COMARB, las tres jurisdicciones avanzan en esa dirección y la previsión es
que completen el proceso antes de fin de año.
Cuánto cobra la empleada doméstica por hora y mes con el aumento según la tarea
Las empleadas domésticas tienen un aumento de 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre que repercutirá en lo que cobran por hora y mes según sus tareas
Las
empleadas de casas particulares tendrán nuevos salarios en noviembre,
por un aumento del 1,6% y la incorporación al sueldo básico del último
tramo de la suma extraordinaria abonada en agosto. La escala contempla cinco
categorías, con remuneraciones diferentes según las tareas que se realicen y si
el trabajo se presta con retiro o sin retiro.
Los
salarios mínimos de octubre y noviembre rigen en todo el país y fueron
establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante
la Resolución
6/2026, rectificada por la Resolución
7/2026. Los importes mensuales corresponden a jornada completa y los
valores por hora constituyen los mínimos de referencia para cada modalidad.
Cuánto cobran las empleadas
domésticas en octubre
En
octubre, los salarios
mínimos de las empleadas domésticas aumentaron un 1,7% respecto del
mes anterior. Además, se incorporó al básico el 50% de la suma no remunerativa
que se había pagado en agosto.
La
primera categoría, supervisión, comprende a quienes coordinan y controlan las
tareas de dos o más trabajadores del hogar.
El
salario mínimo es de $4.805,82 por hora con retiro y de $5.215,59 sin retiro.
Para
quienes cobran por mes, los valores ascienden a $599.514,52 con retiro y
$661.702,46 sin retiro.
La
segunda categoría, tareas específicas, incluye al personal que realiza labores
para las que se requiere especial idoneidad, como las cocineras contratadas
exclusivamente para esa función.
El
mínimo por hora es de $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.
En
la modalidad mensual, los salarios son de $560.776,33 con retiro y $618.187,89
sin retiro.
La
tercera categoría, caseros, comprende a quienes se ocupan del cuidado general y
la conservación de una vivienda en la que residen durante la prestación
laboral.
En
octubre, el salario mínimo es de $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. Esta
categoría se liquida sin retiro.
La
cuarta categoría, asistencia y
cuidado de personas, abarca la atención no terapéutica de niños,
adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.
El
salario mínimo por hora es de $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.
Por
mes, los valores son de $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.
La
quinta categoría, tareas generales, incluye los trabajos habituales de
limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar, preparación de comidas y
otras labores domésticas.
El
mínimo por hora es de $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.
Los
salarios mensuales son de $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.
Cuánto cobrarán las
empleadas domésticas en noviembre
En
noviembre se aplicará un incremento del 1,6% sobre los salarios mínimos de
octubre. A su vez, se incorporará al sueldo básico el 25% restante de la suma
extraordinaria abonada en agosto, de acuerdo con el cronograma oficial.
Para
la primera categoría, supervisión, el valor mínimo será de $4.928,28 por hora
con retiro y $5.344,33 sin retiro.
En
la modalidad mensual, el sueldo ascenderá a $614.791,27 con retiro y
$678.036,40 sin retiro.
En
la segunda categoría, tareas específicas, se pagarán como mínimo $4.700,21 por
hora con retiro y $5.098,84 sin retiro.
Los
salarios mensuales serán de $575.394,53 con retiro y $633.782,08 sin retiro.
Para
la tercera categoría, caseros, el valor mínimo será de $4.451,49 por hora y
$562.837,52 por mes, en ambos casos sin retiro.
En
la cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas, el salario mínimo por
hora será de $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro.
Por
mes, los valores ascenderán a $562.837,52 con retiro y $620.420,85 sin retiro.
Por
último, en la quinta categoría, tareas generales, el mínimo por hora será de
$4.174,62 con retiro y $4.451,49 sin retiro.
Los
salarios mensuales serán de $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.
Cómo se incorporó la suma
extraordinaria al salario básico
La
Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares había dispuesto en agosto el
pago de una suma no remunerativa por única vez, cuyo importe dependía de la
cantidad de horas semanales trabajadas.
Para
quienes prestaban tareas durante 16 horas semanales o más, el monto fue de
$20.000; para quienes trabajaban desde 12 y menos de 16 horas semanales, de
$11.500; y para quienes trabajaban menos de 12 horas semanales, de $8.000.
El
acuerdo estableció que esa suma se incorporara progresivamente a los salarios
básicos: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en
noviembre. De esta manera, la totalidad de la suma extraordinaria queda
incorporada al básico a partir de noviembre.
Qué adicionales corresponden
A
los salarios mínimos se deben agregar los adicionales que correspondan en cada
caso.
La
antigüedad equivale al 1% por cada año de antigüedad computable. Se calcula
desde septiembre de 2020 o desde la fecha de ingreso, si la relación laboral
comenzó después de ese mes.
El
adicional por zona desfavorable es del 31% sobre los salarios mínimos de cada
categoría para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el
partido bonaerense de Patagones.
También
corresponden los recargos por horas extra cuando se trabaja por encima de la
jornada ordinaria, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.
Si
una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, debe
encuadrarse en la categoría principal que desempeña habitualmente.
Los
importes fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son
mínimos legales. El empleador y la trabajadora pueden acordar una remuneración
superior, pero no inferior a la que corresponda según la categoría, la
modalidad y la jornada.
martes, 20 de octubre de 2026
FAL: bancos ofrecen comisión cero y las Alycs prometen más rentabilidad
Las gestoras buscan seducir a pequeñas empresas que aún no definieron quién administrará los recursos provenientes del Fondo de Asistencia Laboral
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) arranca en semanas y entre 200.000 y 250.000 pymes todavía no eligieron con quién depositar
sus aportes. El cuello de botella generó una batalla comercial entre
bancos y agentes bursátiles por quedarse con ese mercado que está sin definir.
Según
relevaron en la City porteña, la mitad de las empresas alcanzadas por el
régimen ya seleccionó administrador. La otra mitad, que son las de menor
cantidad de empleados, aún no tomó decisión y concentra el foco de los
oferentes.
Los
bancos pisaron fuerte entre las grandes compañías. Ofrecieron comisión
cero por un año y armaron paquetes de bonificaciones para la nómina
salarial. Buscan ganar volumen y atraer clientes corporativos con servicios
integrados.
Las
Alycs eligieron otro camino. No regalan nada, pero prometen hacer rendir
mejor la plata con estrategias de inversión en pesos donde dicen ser más
especialistas que los bancos.
El argumento de las agencias
para justificar su comisión
Desde
las mesas bursátiles defienden su propuesta sin rodeos. "Nuestro valor
agregado es el excelente manejo de las carteras",
El
FAL invierte en activos en pesos de largo plazo, y según las Alycs, su
expertise puede generar 5 o 6 puntos porcentuales de diferencia frente a
administradores menos especializados. "Si el management fee es 1%, no
es nada. Con un portfolio manager vivo te puede sacar esa diferencia. El foco
no es buscar quién te cobra menos, sino quién te hará ganar más plata",
argumentan.
Ese
1% de comisión, además, se licuará con la inflación en un horizonte
de inversión extendido. Las agencias apuestan a demostrar con números que
cobrar algo y rendir más es mejor negocio que no cobrar nada y obtener
rendimientos mediocres.
Los
bancos, en tanto, confían en que su oferta de comisión cero durante 12
meses opere como anzuelo suficiente. Saben que muchas pymes miran primero
el costo directo antes que proyecciones de rentabilidad.
Tres cámaras piden prórroga
de un mes para el inicio
La
Cámara de Agentes de Bolsa y la Cámara de Fideicomisos presentaron una nota
conjunta a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Solicitan extender el plazo de inicio por un mes más, hasta el
1 de diciembre. La Cámara de Fondos Comunes de Inversión envió carta idéntica.
El
pedido tiene dos motivos técnicos. Primero, dar más tiempo de adecuación tanto
a los vehículos habilitados como a las empresas que todavía no se inscribieron.
"Todavía hay accesos que no están disponibles", reconocen en el
mercado.
Segundo, evitar un problema contable: si el FAL arranca el 1 de noviembre,
el primer ingreso de fondos sería el 1 de diciembre, obligando a hacer un
balance anual de un solo mes, lo que distorsionaría la rentabilidad reportada.
Con
la prórroga, el primer desembolso llegaría el 1 de enero. Así, el balance
de 2027 cubriría 12 meses completos y permitiría analizar rentabilidades
sin sesgos temporales.
"Facilitar
una implementación ordenada del régimen FAL", dice textualmente la carta
al regulador. Argumentan que la prórroga permitirá que agentes y demás
participantes completen las adecuaciones operativas, tecnológicas y
administrativas necesarias.
El margen legal para mover
la fecha
La
ley le dio al Poder Ejecutivo facultades para lanzar el FAL dentro de los
6 meses posteriores a su sanción. Eso significa que tiene margen para postergar
el inicio hasta el 1 de diciembre sin necesidad de modificar la norma.
"Con
lo cual tiene facultades para posponerlo un mes más", explicaron fuentes
al tanto de las negociaciones con el gobierno nacional. Después de esa fecha,
cualquier nuevo cambio requeriría modificar la ley, lo que complica el
trámite.
También
circuló en las mesas un papel titulado "Preocupaciones fiscales y costos
de transición". El documento advierte sobre el impacto financiero y
el bache fiscal transitorio que genera la relocalización de recursos.
Parte
de esos fondos dejan de ingresar al sistema previsional tradicional de ANSES
para recalar en vehículos privados de capitalización de indemnizaciones. Eso
exige pulir detalles normativos para evitar tensiones en las cuentas
públicas durante la transición.
Qué estrategias eligieron
las grandes empresas
"La
mayoría eligió bancos donde combinaron beneficios comerciales para la nómina
con trazabilidad de Asset Management", reveló Martín Fernández Dubois,
experto en gestión de activos.
Esas
compañías buscan poder monitorear dónde se invierten los fondos desde sus
terminales, además de obtener descuentos en otros servicios bancarios. La
integración operativa pesa más que unos puntos de rentabilidad extra.
Las
pymes, en cambio, tienen menos leverage para negociar paquetes integrales. Por
eso las Alycs creen que pueden ganar terreno en ese segmento con su argumento
de gestión activa y rendimiento superior.
Fernández Dubois agregó una perspectiva de largo plazo: "Si esto sale bien, en 2028 toda
muta hacia un análogo al Régimen de Capitalización Individual. Este es el
primer paso. Por eso tiene que salir bien sí o sí".
El
FAL, entonces, no es solo una batalla comercial de corto plazo. Es el
ensayo general de una transformación más profunda del sistema de
capitalización laboral argentino. Y en ese contexto, quién administre esos
fondos hoy puede posicionarse para liderar el modelo del futuro.
Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionará el sistema para pagar indemnizaciones
El FAL comenzará a funcionar el 1 de diciembre: cómo se financiará, cuánto aportarán las empresas y qué indemnizaciones cubrirá el nuevo sistema
El Fondo
de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a funcionar el 1 de diciembre de 2026,
después de que el Gobierno prorrogará este martes la fecha de implementación del
mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802. El
sistema tenía previsto ponerse en marcha el 1 de noviembre, pero el Poder
Ejecutivo decidió postergar su entrada en vigencia mediante el Decreto 1228/2026.
El
cambio de fecha modifica el calendario que debían tener en cuenta las empresas
privadas para organizar sus obligaciones vinculadas con el nuevo
régimen. El FAL permitirá constituir fondos destinados a afrontar indemnizaciones por despido y otros pagos
derivados de la finalización de una relación laboral. Para reunir
esos recursos, se utilizará una parte de las contribuciones patronales que hoy
se distribuyen entre distintos subsistemas de la seguridad social.
Además
de la prórroga, el Gobierno modificó el plazo mínimo de aportes necesario
para utilizar el dinero acumulado. La carencia pasó de seis a 12 períodos
mensuales completos y consecutivos, contados desde el mes en que la Agencia de
Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la integración efectiva de la
primera contribución del empleador al fondo.
La
reglamentación del sistema había comenzado con el Decreto 408/2026. Después,
ARCA avanzó con la Resolución General 5907/2026, que estableció cómo declarar e
ingresar las contribuciones. Ahora, con la nueva fecha de implementación, las
empresas deberán considerar los cambios en el calendario y las instrucciones
que emitan los organismos para poner en marcha el mecanismo.
Qué es el Fondo de
Asistencia Laboral
El
Fondo de Asistencia Laboral es un mecanismo previsto por la Ley de
Modernización Laboral 27.802 para contribuir al financiamiento de las
obligaciones indemnizatorias de los empleadores privados. Su alcance incluye
los pagos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos
estatutos profesionales, entre ellos los correspondientes al trabajo agrario.
El
sistema comprende indemnizaciones por despido, preaviso e integración, además
de otros conceptos asociados con la extinción de una relación laboral que estén
incluidos en la normativa. La finalidad es que los empleadores acumulen
recursos mediante aportes periódicos para atender esas obligaciones cuando
corresponda.
¿Cómo
se administrará ese dinero? La reglamentación establece que los fondos
estarán a cargo de vehículos de inversión colectiva autorizados y supervisados
por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre las alternativas
previstas figuran los fondos comunes de inversión y los fideicomisos
financieros.
Cada
empleador deberá contar con una cuenta individual vinculada al régimen. Allí se
identificarán los recursos destinados a cubrir las obligaciones comprendidas
por el FAL, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.
El
Decreto 408/2026 dispone que los vehículos de inversión deben permitir la
separación patrimonial, la asignación específica de los recursos y la
supervisión correspondiente. Además, el dinero solo podrá invertirse en
instrumentos financieros emitidos y negociados en la Argentina.
En
la práctica, el fondo funcionará como una reserva financiada mediante
contribuciones mensuales. Sin embargo, no reemplazará automáticamente las
obligaciones laborales vigentes: su utilización estará sujeta a los conceptos
alcanzados por la ley y a los requisitos establecidos para acceder a los
recursos.
Cuánto deberán aportar las
empresas al FAL
La
reglamentación de ARCA fijó dos alícuotas mensuales, que varían según la
categoría del empleador. La diferencia determina qué porcentaje de las
remuneraciones se destinará al financiamiento del fondo.
Las
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y las entidades sin fines de
lucro que cumplan las condiciones previstas deberán aportar el 2,5% de las
remuneraciones utilizadas como base para calcular las contribuciones
patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Para
el resto de los empleadores privados incluidos en el régimen, la alícuota será
del 1%.
La
particularidad del mecanismo es que el aporte no fue diseñado como un cargo
adicional que se sume a las contribuciones patronales actuales. El importe
destinado al FAL se detraerá de los montos correspondientes al SIPA, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI),
al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.
Esto
significa que las empresas deberán adaptar la distribución de sus
contribuciones para incorporar el nuevo concepto. El porcentaje aplicable
dependerá de su encuadre y de las remuneraciones declaradas.
La
resolución de ARCA incluye un anexo con las alícuotas correspondientes a los
distintos supuestos contemplados por el régimen. Por eso, antes de liquidar las
obligaciones, cada empleador tendrá que verificar qué porcentaje le corresponde
y cómo debe declararlo.
Qué requisitos deberán
cumplir las PyMEs
Para
acceder a la alícuota del 2,5%, las empresas deberán contar con el
certificado MiPyME vigente y tener correctamente informada su situación ante
ARCA. La acreditación de esa condición será necesaria para aplicar el
porcentaje previsto para las pequeñas y medianas empresas.
Las
entidades sin fines de lucro también tendrán que demostrar que reúnen los
requisitos correspondientes. Entre las organizaciones contempladas se
encuentran asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de
propietarios y entidades religiosas, de acuerdo con las condiciones
administrativas establecidas.
Otro
paso será ingresar al servicio Simplificación Registral e informar si el
empleador pertenece al sector privado o al público. La distinción es necesaria
porque los empleadores del sector público quedarán excluidos del FAL.
Además,
las empresas privadas alcanzadas deberán contar con un identificador
denominado ID FAL. Ese código estará asociado a la cuenta individual
abierta en una entidad habilitada y permitirá que ARCA identifique el destino
de las contribuciones ingresadas.
El
procedimiento requiere abrir la cuenta a través de una entidad autorizada por
la CNV y completar después la información correspondiente ante el organismo
recaudador. Sin esa identificación, el sistema no podrá asignar correctamente
los recursos al fondo de cada empleador.
¿Qué
ocurre si una empresa no informa un ID FAL válido? Según el procedimiento
previsto, ARCA podrá comunicar la situación a la CNV para que se asigne una
cuenta de oficio. Hasta que se complete esa instancia, los importes recaudados
permanecerán sin imputación específica.
Cómo se ingresarán las
contribuciones patronales
El
mecanismo de recaudación estará integrado al sistema que las empresas utilizan
para declarar sus aportes y contribuciones a la seguridad social. Para ello,
deberán presentar el formulario F. 931 y realizar el pago mediante
los instrumentos electrónicos habilitados, incluido el Volante Electrónico de
Pago (VEP).
El
sistema Declaración en Línea calculará automáticamente el importe
correspondiente al FAL, de acuerdo con la categoría del empleador y las
remuneraciones informadas. También ajustará las alícuotas aplicables a los
distintos subsistemas de la seguridad social.
La
reglamentación original había previsto que las contribuciones comenzaran a
ingresarse desde el período devengado noviembre de 2026. Sin embargo, la
prórroga de la entrada en vigencia al 1 de diciembre obliga a
considerar las adecuaciones administrativas que correspondan para
compatibilizar el nuevo calendario con las declaraciones juradas y los pagos.
Por
eso, las empresas deberán consultar las disposiciones actualizadas de ARCA
antes de determinar cuál será el primer período que tendrán que declarar bajo
el régimen y cuáles serán los vencimientos aplicables. La fecha de
implementación y el período que deba liquidarse por primera vez son cuestiones
relacionadas, pero no necesariamente equivalentes.
El
cumplimiento de estas obligaciones también tendrá consecuencias para los
empleadores que presenten sus declaraciones o realicen los pagos fuera de
término. La normativa contempla la aplicación de intereses y sanciones conforme
a la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y la Ley 17.250, según corresponda.
Quiénes podrán acceder a la
cobertura del FAL
El
régimen contempla a los trabajadores debidamente registrados cuya relación
laboral cumpla con las condiciones previstas por la Ley de Modernización
Laboral y su reglamentación.
Entre
los requisitos figura que el trabajador haya estado registrado durante un
período no menor a 12 meses antes de la finalización de la relación
laboral. La cobertura comprende las obligaciones y los conceptos
indemnizatorios expresamente incluidos en la normativa.
Los
recursos acumulados en la cuenta individual del empleador podrán utilizarse
para atender los pagos previstos por el sistema, siempre que se cumplan las
condiciones legales y administrativas correspondientes. La gestión estará a
cargo de las entidades habilitadas que administren los vehículos de inversión
colectiva.
También
habrá que tener en cuenta el plazo de carencia establecido para el uso de
los fondos. Con el cambio dispuesto por el Gobierno, los empleadores deberán
integrar 12 períodos mensuales completos y consecutivos antes de utilizar los
recursos acumulados.
El
cómputo comenzará en el mes calendario en que ARCA registre la primera
contribución efectivamente ingresada. Es decir, la apertura de una cuenta no
alcanza por sí sola para iniciar el plazo: la referencia será el primer aporte
registrado por el organismo recaudador.
Este
punto modifica las condiciones iniciales del sistema, que contemplaban una
carencia de seis períodos mensuales. La extensión a un año deberá ser
considerada por las empresas al momento de organizar sus aportes y evaluar
desde cuándo podrán disponer de los recursos para atender las obligaciones
alcanzadas.
Qué sucede si se suspenden
los aportes al FAL
La
reglamentación también contempla situaciones en las que la obligación de
contribuir al fondo pueda suspenderse o interrumpirse. Para que eso ocurra,
deberá intervenir la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
dependiente del Ministerio de Capital Humano, conforme al procedimiento
previsto.
La
suspensión tendrá efectos a partir del período mensual siguiente al de la
comunicación correspondiente a ARCA. Desde entonces, las contribuciones
patronales volverán a calcularse sin la reducción vinculada con el FAL.
En
términos prácticos, esto significa que el empleador dejará de destinar al fondo
el porcentaje previsto por el régimen y volverá a determinar las contribuciones
a los subsistemas de la seguridad social sin esa detracción, de acuerdo con las
disposiciones aplicables.
El
mismo criterio se utilizará cuando se extinga la cuenta individual del
empleador, según las condiciones establecidas en la normativa.
La
interrupción de los aportes no elimina las obligaciones que se hayan generado
con anterioridad. Los efectos de la suspensión se aplicarán hacia adelante,
desde el período mensual que corresponda, sin alterar automáticamente las
contribuciones devengadas antes de esa fecha.
Cuando comenzará a funcionar
el Fondo de Asistencia Laboral
El
Fondo de Asistencia Laboral comenzará a regir el 1 de diciembre de 2026,
tras la prórroga dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto 1228/2026. La
fecha reemplaza al 1 de noviembre, que había sido establecida previamente por
el Decreto 408/2026.
La
postergación responde a la necesidad de completar procedimientos y herramientas
para instrumentar el sistema. Según los fundamentos de la nueva norma, la
solicitud de ampliar el plazo había sido planteada por entidades vinculadas con
la administración de fondos comunes de inversión, fideicomisos y agentes de
bolsa, a través de la CNV.
El
decreto también extendió de seis a 12 períodos mensuales el plazo mínimo de
carencia para utilizar los recursos acumulados. De esta manera, el nuevo
calendario incorpora dos cambios que las empresas deberán contemplar: la fecha
de inicio del régimen y el tiempo mínimo exigido para acceder al dinero
depositado en sus cuentas individuales.
La
puesta en marcha requiere la coordinación de ARCA, la CNV, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría
de Finanzas. Cada organismo tendrá que intervenir en los aspectos
operativos que correspondan para que las contribuciones puedan declararse,
recaudarse y asignarse a los fondos de cada empleador.
Con
la implementación prevista para diciembre, las empresas deberán revisar su
situación registral, verificar las alícuotas aplicables y completar los
trámites necesarios para identificar sus cuentas. También tendrán que seguir
las instrucciones que publique ARCA sobre las primeras declaraciones juradas y
los vencimientos correspondientes.
La
fecha de inicio quedó establecida, pero el calendario operativo deberá
interpretarse junto con las disposiciones complementarias que se emitan. Para
los empleadores, esa distinción será determinante al momento de organizar la
liquidación de las contribuciones y cumplir con las nuevas exigencias del
régimen.
Prorrogan el FAL: más tiempo para adherir y plazo de carencia sin pago de indemnizaciones
Un decreto posterga la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral y alarga el plazo para que empiece a pagar indemnizaciones
El
Gobierno prorrogó por un mes, del 1 de noviembre al 1 de diciembre de
2026, la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral y alargó
el período de carencia durante el cual todavía no pagará las indemnizaciones de
6 meses a 1 año.
Cómo opera la prórroga del
FAL y el alargue de la carencia
Por
el Decreto 1228/2026 publicado
este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno explicó que la prórroga al
1 de diciembre responde a un pedido de las cámaras de Fondos Comunes de
Inversión (FCI) y Fondos Fiduciarios (FF) que reconocieron problemas operativos
pendientes antes de poder empezar a recibir los aportes de las empresas.
También
justifica con un pedido del sector privado el alargue a 12 períodos
mensuales desde el primer aporte de la empresa del plazo de carencia
durante el cual las entidades que administrarán los FAL no deberán
desembolsar fondos para el pago de indemnizaciones. O sea que lo invertido
recién se podrá usar a paritr de enero de 2028, según precisa Federico Basile,
del estudio Tavarore, Rovelli, Salim & Miani.
El
primer aporte al Fondo de
Asistencia Laboral corresponderá al primer período devengado de
diciembre de 2026, cuyo vencimiento e ingreso fiscal opera en enero de 2027.
Hasta
la entrada en vigencia del FAL, no opera la reducción de contribuciones prevista
por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, de 2,5% para las pymes y 1% para
las grandes empresas, manteniéndose las alícuotas plenas. Esta ese
momento la empresa
tiene tiempo para tomar decisiones clave..
Deberán
adherir obligatoriamente al FAL unas 550.000 empresas, pero las que no lo
hagan serán sorteadas por la Secretaría de Trabajo entre las entidades
autorizadas para recibir los aportes.
Cómo queda el FAL a partir
de la prórroga
El
Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un fondo de cese obligatorio diseñado para
cubrir el pago indemnizatorio de trabajadores registrados —con al menos 12
meses de antigüedad— al momento de su desvinculación. No sustituye ni
elimina la indemnización por despido, sino que funciona como un mecanismo
coadyuvante para el pago de las extinciones laborales, explica un documento de
IDEA.
Abarca
a la totalidad de los empleadores del sector privado nacional, lo que
representa un universo estimado de 550.000 empresas.
Sujetos excluidos del
régimen
Sector
Público (Nacional, Provincial, Municipal y CABA).
Trabajadores
del Régimen de Trabajo Agrario.
Personal
del Régimen de Casas Particulares.
Industria
de la Construcción, la cual conserva su sistema histórico de Fondo de
Cese Laboral.
Alícuotas de contribución
patronal:
- 2,5%
sobre la masa salarial para pymes
- 1%
sobre la masa salarial para grandes empresas.
Operatoria del FAL y
Vehículos de Inversión
La
empresa debe abrir una Cuenta Individual del Empleador (compuesta por el
vehículo de inversión y la cuenta comitente) en la entidad elegida para generar
su ID FAL (identificador único que vincula al empleador con su cuenta). Esta
entidad por lo general será un banco y muchas veces el banco donde se depositan
los sueldos
Los
fondos son administrados por Sociedades Gerentes de Fondos Comunes
de Inversión (FCI) o Fiduciarios Financieros autorizados por la
CNV, sin que el empleador pueda poseer una vinculación societaria superior al
10%.
Si
la empresa no elige una EH antes del 1 de diciembre de 2026, la CNV le
asignará una de oficio por registro.
El
menú de inversión es acotado (incluye Bonos del Estado Nacional
y bonos provinciales elegibles; los CEDEAR quedan excluidos).
Se
permite el cambio hacia otra EH tras 6 meses de permanencia, únicamente en dos
ventanas anuales (junio y diciembre). Este plazo de 6 meses no aplica en los
casos de asignación de oficio por CNV.
Aspectos impositivos y rol
de Tesorería
Es importante tener en cuenta qué pasa con los impuestos para
los FAL:
Impuesto a las Ganancias: las
contribuciones mensuales son deducibles como gasto de tercera categoría en el
período de su efectivización. Los rendimientos e intereses generados dentro del
vehículo están exentos para personas jurídicas titulares.
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: exención absoluta para los
movimientos, acreditaciones, rescates y portabilidad del FAL.
Impuestos Provinciales: la
exención o tributación sobre Ingresos Brutos y Sellos queda sujeta a la
adhesión de cada jurisdicción subnacional.
La
Tesorería cumple un rol central evaluando rentabilidad versus comisiones,
analizando la liquidez según la rotación de personal y considerando aportes
voluntarios en caso de proyectar desvinculaciones en el corto plazo.
Guía paso a paso para
adherir al FAL
Los siguientes son los 7 pasos a seguir antes de la adhesión al
Fondo de Asistencia Laboral:
- Decidir la adhesión: definir
a nivel Dirección el tipo de vehículo y evaluar el impacto económico.
- Cuantificar el impacto: estimar el costo mensual
(alícuota × base imponible SIPA) e incorporarlo al flujo de caja 2027.
- Seleccionar la EH: relevar
administradoras habilitadas por la CNV.
- Abrir cuenta y tramitar ID FAL: obtener el identificador único,
el que será asignado por los bancos o ALYCs que ofrezcan los FCI.
- Informar el ID FAL a ARCA: direccionar las contribuciones
que se ingresarán junto con el Formulario 931 de declaración jurada de
cargas patronales.
- Adecuar procesos internos: ajustar sistemas de Liquidación
de Haberes y RRHH.
- Monitorear la reglamentación: dar seguimiento a las
resoluciones complementarias de la Secretaría de Trabajo, ARCA, CNV y
Finanzas.
Con
la prórroga al 1 de diciembre, las empresas tienen un mes más para ajustar
estos pasos a cumplir para la adhesión al FAL y las administradoras para
adecuar los sistemas operativos.