La medida buscará integrar en la economía formal a unos
3 millones de trabajadores, muchos de los cuales participan de movimientos
sociales
El gobierno de Alberto
Fernández se dispone a dar un nuevo paso en su anunciada intención de
formalizar el trabajo e ir disminuyendo la dependencia de los planes sociales.
En concreto, este
miércoles se anunciará un nuevo Monotributo sin cargo para los trabajadores
que actualmente desempeñan su actividad en la informalidad.
Son millones de
personas, muchas de las cuales forman parte de movimientos sociales.
"Una de las
reivindicaciones más grandes que venimos sosteniendo es que hay 4 millones y
medio de compañeros que se han inventado el trabajo y si les preguntas quieren
estar en blanco, el problema es que los costos son muy altos",
afirmó Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social y referente del Movimiento Evita.
Según anticipó
Pérsico, la solución será "un Monotributo totalmente gratuito para el
compañero y también para el Estado para que se pueda hacer masivamente".
"Mañana
(por este miércoles) vamos a tener anuncios muy importantes", agregó en diálogo con la radio Urbana
Play.
Si bien actualmente
existe un Monotributo social, su alcance es limitado: lo utilizan solamente
600.000 personas.
En tanto, el
nuevo Monotributo para trabajadores precarios tendrá mayor alcance y será gratuito
por dos años. Además, se prevé que en los dos años siguientes el costo de la
cuota sea del 50%.
Esta nueva manera de
formalización alcanzará, en principio, a quienes están inscriptos en el Registro
Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que son casi 3 millones de
personas.
Se
publicó el DNU que convertirá planes sociales en trabajo registrado
El presidente Alberto
Fernández firmó este lunes el Decreto 711/2021 para convertir
los planes sociales en empleo genuino en el sector privado. Está destinado a
personas desempleadas o con trabajos precarizados. La medida fue publicada
en el Boletín Oficial de este martes.
Fernández había
adelantado la decisión el viernes pasado en el Coloquio de IDEA. La flamante
norma permitirá que los beneficiarios de un programa social puedan acceder
a un empleo en relación de dependencia.
La iniciativa está
vinculada al proyecto de Sergio Massa presentado días atrás que apunta al mismo
objetivo.
El
viernes, en IDEA, Alberto Fernández anticipó la decisión: "Si
algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la
promoción de la inversión empresarial y creación de empleo, por eso
estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que
los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la
actividad privada sin perder ese derecho".
Los ministros Juan
Zabaleta (Desarrollo Social) y Claudio Moroni (Trabajo) estarán al frente de
conseguir el objetivo. Se deberán realizar modificaciones en sus programas de
formación, empleo e intermediación laboral con la meta de mutar la
asistencia social dada en la actualidad a personas desempleadas o con empleos
informales en "incentivos" para lograr su contratación en el sector
privado.
Puntualmente, las
empresas que se sumen al programa deberán cumplir con una serie de
requisitos para acceder a distintos incentivos como comprometerse al
incremento neto de la nómina del personal y respetar un límite en la cantidad
de trabajadores alcanzados. La flamante norma aclara que no podrán
participar aquellas firmas que figuren en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (Repsal).
Un
puente al empleo: el proyecto de Massa
El diputado
oficialista Sergio Massa presentó un proyecto de ley que apunta a transformar
programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal, al
tiempo que baja el costo laboral para pymes que tomen empleados y perdona
deudas de la seguridad social.
El
proyecto denominado "Un Puente al Empleo" tiene los siguientes
beneficios para empresas:
1. Las pymes tendrán
una rebaja de hasta el 100% durante 24 meses de las contribuciones
patronales con un tope equivalente a 2 salarios mínimos, vitales y móviles por
cada nuevo trabajador que contraten.
Si los nuevos
trabajadores son beneficiarios de planes sociales nacionales, podrán
seguir percibiendo los subsidios por un plazo máximo de hasta 12 meses. Estos
contratados tendrán que cumplir con cursos y programas de formación que establecerá
el Ministerio de Trabajo, aclaró el especialista Daniel Pérez.
El experto aclaró que
los beneficios no se producen solamente por incorporar personas beneficiarias
de planes sociales, sino para toda relación laboral que se inicie a partir de
la vigencia de la ley.
2. Regularización de empleo no
registrado, que incluye la rectificación de la remuneración o de la fecha de
inicio de la relación laboral. Pérez aseguró que podría denominarse verdadero
blanqueo de relaciones laborales.
Quedan fuera de estos
beneficios las relaciones laborales correspondientes al Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, advirtió Pérez.
A los trabajadores
regularizados se les computarán hasta 60 meses de servicios con aportes
equivalentes al salario mínimo para reunir los 30 años de servicios requeridos
para jubilarse y para el beneficio de Prestación por Desempleo.
Los meses así
regularizados no serán considerados para el cálculo del sueldo promedio de los
últimos 10 años anteriores al cese laboral para determinar el haber previsional
inicial.
El Poder Ejecutivo
tendrá que tomar los recaudos presupuestarios necesarios para compensar los
menores ingresos al sistema de la Seguridad Social que surjan de esta ley.
Baja
del costo laboral y blanqueo
Para Silvia Tedin,
del estudo SMS San Martín, Suárez & Asoc., el proyecto tiene dos aspectos
importantes.
Uno que es aminorar
el costo salarial por empleado incremental para las pymes desde micro hasta
medianas tramo 2, por un tope de 20 empleados, y además reducir entre un 85% y
100% de las contribuciones patronales por el término de 24 meses.
Y el otro
permite blanquear relaciones laborales preexistentes rectificando
monto y fecha de inicio de la relación laboral y reconociendo hasta 60
meses de aportes para esos empleados que se encuentran en situación de
precariedad laboral, indicó Tedin.
Va a haber un plazo
de 90 días para esta suerte de blanqueo de hasta 10 trabajadores con
mayores beneficios para las pymes de menor tamaño del 100% al 60%. La
regularización podrá ser al contado o mediante plan de pagos, explicó
Tedin.
Otro punto muy
favorable es la coexistencia de empleo formalizado con planes y programas
sociales por hasta 12 meses, donde se permitirá la inserción laboral de
personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, opinó.
Sin lugar a duda son
todas muy buenas medidas para incentivar la contratación de nuevos empleados,
aunque quedará definir cuál es el criterio federal para cada actividad,
esto será definido mediante la reglamentación, y regularizar empleo que se
encuentra sin registración, enfatizó Tedin.
Sin embargo, la
experta comentó que el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, no contempla que esos nuevos puestos tengan un nuevo esquema
de indemnizaciones laborales. Esto queda pendiente y es un tema clave".
La
baja de contribuciones, en números
Pérez
enumeró los beneficios del proyecto:
- Micro empresas: hasta 5 empleados de incremento de nómina, 100% de reducción de contribuciones el primer año y 100% los segundos 12 meses.
- Pequeñas empresas: hasta 10 empleados, en las mismas condiciones de reducción total por dos años.
- Empresa Mediana Tramo 1: hasta 15 empleados nuevos, tendrá 100% de reducción de contribuciones los primeros 12 meses y 85%, los segundos.
- Empresa Mediana Tramo 2: hasta 20 empleados, podrá contar con una rebaja de impuestos laborales de 85% el primer año y 85% el segundo
El beneficio no
incluye ninguna exención para la obra social sindical ni para la ART.
Existe otro tope
adicional, precisó Pérez, ya que debe considerarse como tope máximo
remunerativo una suma equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles.
Teniendo en cuenta el valor del SMVM a partir del 1 de este mes, ese valor
sería de $64.000.
Para que el programa
pueda ser utilizado, los empleadores no deberán registrar obligaciones de
seguridad social, líquidas y exigibles vencidas, ni figurar en el REPSAL, subrayó
Pérez.
Beneficios
del blanqueo
Esta segunda parte
del programa referida al blanqueo es similar a la establecida en 2008, que
también incluyó una regularización amplia del empleo y una forma de fomento con
reducciones, afirmó Pérez.
El proyecto de Massa
establece la forma de regularización a través de la registración de
la relación laboral y la denuncia de la real remuneración, según
el caso. Las obligaciones condonadas son todas las de los subsistemas, excepto
las del régimen de salud y las cotizaciones con destino a las ART, puntualizó
Pérez.
Sí se encuentran
incluidas dentro de las obligaciones que se extinguen las correspondientes a
las contribuciones adicionales con destino al Régimen de la Industria de
la Construcción, añadió el experto.
Esa
regularización condonará la deuda por capital, intereses, multas y
punitorios que "tengan origen en la falta de pago de aportes y contribuciones
con destino a los Subsistemas de la Seguridad Social": SIPA (jubilaciones
y pensiones), PAMI, Obras Sociales, Fondo Nacional de Empleo y Régimen Nacional
de Asignaciones Familiares.
Por lo demás, también
como sucede en estos programas de amnistía, se extinguen las acciones
penales y se condonan las sanciones firmes o no laborales e impositivas, entre
otras, comentó Pérez.
El proyecto divide la
posibilidad de utilizar los beneficios de extinción de obligaciones y amnistía
para los empleadores, en función de la cantidad de trabajadores que se
regularicen por el programa: de hasta 10 trabajadores y a partir de 11
contratos.
Para los empleadores que regularicen hasta 10 trabajadores
registrados de la siguiente forma:
- Micro y pequeñas empresas: del 100%
- Medianas empresas tramo 1: del 80%
- Medianas empresas tramo 2: del 60%
A partir del
trabajador número 11 y siguientes se establece que los beneficios de
condonación de capital, intereses resarcitorios y punitorios será en todos los
casos del 100%.
Estas extinciones y
condonaciones tendrán efecto, en la medida en que los empleadores cancelen los
conceptos que el proyecto no condona (obras sociales, seguro de salud, ART),
mediante cancelación de contado o a través de un régimen de facilidades de pago
que establecerá la AFIP por reglamento, alertó Pérez.
Para los dos
beneficios, no se podrá reducir la nómina laboral, en los términos y
condiciones que establezca la reglamentación.
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