El Presidente busca convertir la insólita crisis del Monotributo en una oportunidad. Ahora quiere impulsar un programa de mejoras
El Gobierno nacional
resolvió este miércoles dar marcha atrás con la categorización aplicada por
la AFIP a monotributistas, que les generaría deudas por hasta
$25.000, y buscará generar más medidas de "alivio fiscal" en
medio de la segunda ola de coronavirus. El tema fue analizado este
miércoles durante una reunión en Casa Rosada encabezada por el presidente Alberto
Fernández.
El jefe de Estado
instruyó en ese encuentro al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, para avanzar en breve con un nuevo régimen de mejoras para
monotributistas. Esto implicará una marcha atrás con el cobro de la deuda
retroactiva que iba a impactar en millones de inscriptos en el régimen
simplificado.
Fuentes cercanas al encuentro detallaron dos puntos clave que formarán
parte del paquete de alivio fiscal:
1. La condonación
y/o eximición de deudas del retroactivo de enero a junio. Son las
correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, por las
diferencias ocasionadas por el incremento del componente impositivo y
previsional, incluido aquel correspondiente a la obra social, devengadas entre
los meses de enero y junio de 2021 con relación a diciembre 2020.
2. Un
esquema excepcional de actualización de escalas con una visión
progresiva.
El cambio en el régimen
simplificado comenzaría en julio y, como se detalla en el punto 1, los
contribuyentes no pagarán la deuda acumulada.
Un
nuevo programa de mejoras
El Presidente pidió
en el encuentro "solucionar el tema", según trascendió.
Y le pidió al titular
de la Cámara de Diputados un "nuevo programa de mejoras para
el Monotributo y de alivio fiscal".
Así lo indicaron
fuentes oficiales, las cuales señalaron que el encuentro en la sede del Gobierno sirvió
para "analizar
el impacto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños
Contribuyentes, que se implementó por ley".
En la reunión, que se
realizó en el despacho presidencial durante casi una hora, estuvieron también
el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
Luego se habría sumado
la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
El pasado 4 de junio,
la AFIP categorizó a más de cuatro millones de monotributistas y
aplicó los nuevos valores de los distintos componentes del régimen para los
primeros cinco meses del año, que implican un incremento del 35,3%.
Al aplicarse con
retroactividad a febrero último, esto generaría para muchos adherentes al
régimen simplificado una de deuda que rondaría hasta $25.000.
Ante esa situación,
la AFIP anunció que habría un plan de pagos, pero ahora se analiza la
posibilidad de dar marcha atrás con la categorización retroactiva, para aliviar
la situación de millones de contribuyentes.
El
Gobierno, entre el rechazo de la opinión pública y demandas a AFIP
En medio de la recesión económica,
el azote de la pandemia y a meses de las elecciones, la nueva
reglamentación del Monotributo colocó a la administración de Alberto
Fernández en el centro de otra crisis. Es por eso que el propio Presidente tuvo
que reagrupar a su tropa en Casa Rosada para confirmar la marcha atrás de una
medida que, enfrentada con la realidad de los tiempos que corren, generó
rechazos en la opinión pública, reclamos sectoriales y hasta planteos por la
vía judicial.
Este martes, la
Fundación Apolo, mediante el Equipo de Activismo Judicial que lidera José
Magioncalda, denunció a Mercedes Marcó del Pont, titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por no haberles informado a
los contribuyentes que sus pagos de Monotributo serían
tomados a cuenta de la nueva actualización.
La denuncia la
subscriben el presidente de la Fundación Apolo, Antonio Fratamico, el
coordinador de su equipo legal, José Magioncalda, y Gabriel Salvatore junto a
Marina Kienast.
Allí se argumenta que
la titular de la AFIP violó la propiedad privada al confiscarles
la plata a los contribuyentes mediante el cobro de ese retroactivo.
En cuanto al perjuicio
que la omisión de la funcionaria y su decisión provocaron en los
contribuyentes, dejan en claro que la seguridad jurídica de los monotributistas
se vio afectada, y sus derechos, cercenados a partir de una certeza tributaria
que no era tal.
"Ante
la falta de una ley que actualizara las categorías del Régimen Simplificado,
la AFIP nunca advirtió que los pagos correspondientes a los meses
devengados (con carácter previo a la sanción de la nueva ley) serían tomados a
cuenta de una actualización posterior", dice la denuncia.
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