La complejidad del sistema que se crea para aliviar el peso económico del pase del Monotributo al Régimen General de IVA y Ganancia es un punto cuestionado
Desde
la oposición legislativa, el diputado Hugo Romero (UCR Córdoba) consideró que
el proyecto de modificación del Monotributo del oficialismo se convertirá en un
mecanismo para expulsar contribuyentes del régimen simplificado.
Esto
se debe, de acuerdo a Romero, a que la actualización de los ingresos brutos que
marcan la exclusión del Monotributo es exigua y, aunque se prevea un mecanismo
para hacer menos gravosa la salida, ésta será masiva.
Romero
dijo que la falta de actualización del Monotributo queda patente si se compara
lo que significaban los ingresos brutos máximos en términos de Salario Mínimo
Vital y Móvil en 1998, cuando el régimen se creó, y lo que representa ahora.
En
concreto, el diputado radical puntualizó que, en las categorías que van hasta
la C, los ingresos brutos quedan por debajo de la línea de pobreza.
Además,
en 2020, con la inflación que hubo, no se actualizaron las escalas, recordó
Romero.
Lo
primero que hay que debatir es cómo hacer para que el Monotributo sirva para
incentivar el cumplimiento tributario, y no el enanismo fiscal o la subfacturación,
recalcó Romero.
Para
eso, consideró Romero, hay que debatir una nueva actualización más allá del
35,2% del índice jubilatorio que prevé el proyecto.
Se
necesita una mayor actualización para potenciar que más gente pueda acogerse al
Monotributo, enfatizó el legislador.
El costo del pase al Régimen General
Esta
ley en parte está tratando de solucionar el costo que tiene para el
monotributista el pase al Régimen General de IVA y Ganancias, reconoció Romero.
Pero
lo que hay que discutir es el procedimiento que se propone, advirtió Romero, y
agregó que debe ser menos engorroso.
Sin
una mejor herramienta y una mayor actualización, esta ley lo que estará
potenciando es que más monotributistas pasen al Régimen General, afirmó Romero.
El mejor índice para la actualización
Por
su parte, Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt,
recordó que el Monotributo es un régimen simplificado, para la AFIP y los
contribuyentes, que permite trabajar dentro de la economía formal con una carga
administrativa baja y un costo impositivo casi nulo.
Tanto
que aquellos que en 2020 facturaron $145.000 por mes, pagaron $ 7.000 de
impuestos y $2.500 por aporte jubilatorio. Es decir, menos del 7% de la
facturación para cancelar todas las obligaciones con el Estado nacional,
calculó Laiún.
Los
montos de facturación y de aportes al Monotributo se actualizaban anualmente a
través del índice de movilidad jubilatoria, dijo Laiún.
Ahora
bien, cuando el Gobierno suspendió la aplicación de la movilidad jubilatoria a
principios de 2020, el Monotributo quedó sin posibilidad de actualización de
ninguno de sus importes, indicó Laiún.
Fue
hace pocos días que ante el inminente vencimiento de la recategorización anual
se envió un proyecto de ley al Congreso que debe tratarse en sesiones
extraordinarias y que propone ajustar los importes por el nuevo índice de
variación de las jubilaciones, comentó Laiún.
Ajustar
el Monotributo por la variación de las jubilaciones merece críticas, porque las
jubilaciones están atadas a la recaudación y a la variación de salarios,
definido así porque está pensado desde la disponibilidad de caja del Estado,
aseveró Laiún.
Los
topes de facturación del Monotributo deberían seguir el pulso de la economía
real, por lo que el índice más razonable para mantenerlo en valores constantes
con el paso del tiempo es usar un índice de inflación, afirmó Laiún.
La
propuesta del gobierno al Congreso condena al Monotributo a una disminución en
términos reales, enfatizó Laiún.
Complejidad de la propuesta
El
resto del proyecto propone por primera vez un puente entre el simplismo extremo
del Monotributo y la realidad de los impuestos nacionales y los aportes
jubilatorios, expresó Laiún.
La
simpleza del Monotributo tiene que ver con la carga administrativa y con su costo,
remarcó Laiún.
En
el pasaje al Régimen General, el costo crece de un día para el otro, y la única
posibilidad de morigerarlo sería que el Estado se haga cargo de las
liquidaciones mensuales de los contribuyentes por el IVA, comentó Laiún.
Este
proceso ya está en parte iniciado con el Libro IVA digital, añadió Laiún.
Sin
embargo, lo mismo debería verificarse en el Impuesto a las Ganancias, y ese
proceso está muy lejos, por la complejidad de las normas y por la información
necesaria, advirtió Laiún.
Los
legisladores podrían trabajar por una estructura impositiva más simple y para
clarificar la legislación, propuso Laiún
Además,
deberían llevar los proyectos a los especialistas y aprobarlos con un año o más
de anticipación, indicó Laiún.
Por
otra parte, se debería dar más recursos a la AFIP para que pueda implementar
rápido los cambios, evitando el "mal y tarde" al que estamos
sometidos, enfatizó Laiún.
De
esa forma, la AFIP podría utilizar la información de la que ya dispone para
armar declaraciones juradas proforma (aportadas por el propio fisco), que los
contribuyentes puedan evaluar y eventualmente conformar, concluyó Laiún.
Se duplica el trabajo
El
asesor de pymes Vicente Lourenzo dijo que el proyecto denominado Régimen de
sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes también contempla
un régimen transitorio para aquel que se encuentra por fuera del sistema.
Esto
es para aquellos contribuyentes que excedieron los parámetros 2020 en un 25%
sobre la máxima categoría, de modo que puedan regresar al Monotributo abonando
las diferencias resultantes entre la categoría correcta y la inscripta, comentó
Lourenzo.
Asimismo
establece un Régimen transitorio para aquel monotributista que haya pasado al
régimen general tanto de oficio como voluntario y que no haya superado el 50 %
del límite de ventas anuales de las microempresas, añadió Lourenzo.
Es
de suponer que una vez aprobado este proyecto su reglamentación establecerá los
mecanismos de cálculo y fijará las nuevas categorías establecidas teniendo en
cuenta la variación del haber mínimo jubilatorio, sostuvo Lourenzo.
Sin
embargo, hubiera sido más conveniente fijar una prórroga en el vencimiento de
la recategorización hasta tanto esté sancionada la ley, enfatizó Lourenzo.
En
cambio, la no actualización generará para el contribuyente y su asesor
impositivo la tarea de establecer una recategorización que en breve será
corregida y que obligará a una nueva recategorización incurriendo en mayores
costos, concluyó Lourenzo.
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