martes, 14 de julio de 2020
ARBA anticipa todas las novedades en materia impositiva en la Provincia de Buenos Aires
5:53 p.m.
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Cristian
Girard, director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires,
dialogó sobre los próximos pasos
Cristian
Girard, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos
Aires (ARBA), negó la posibilidad de que en esa jurisdicción se largue una
moratoria para deudas incurridas en la pandemia y para empresas de todos los
tamaños, como la que está por lanzar la Nación.
El
siguiente es un resumen de la entrevista:
-¿Va a haber moratoria para todas las empresas
en la provincia?
-No.
Por el momento no es algo que estemos impulsando desde el Ejecutivo provincial.
La que sí se va a extender probablemente hasta septiembre es la moratoria
vigente para pymes y para deudas hasta el 31 de diciembre de 2019. En Nación,
la nueva moratoria responde a dos fallos judiciales contra la AFIP por supuesta
discriminación de empresas grandes que no fueron contempladas en la moratoria
pyme. Por eso la están ampliando.
-La nueva moratoria de Nación también
admite incluir deudas hasta el 30 de junio…
-Para
esas deudas nosotros tenemos el plan de pagos Covid, que no tiene quitas de
intereses ni multas como la moratoria, pero sí 12 cuotas sin interés o 18
cuotas con un interés fijo muy bajo. Se pueden incluir todos los impuestos. Es
parte del paquete que anunció el gobernador Axel Kicillof y estoy firmando la
resolución de manera de implementar los sistemas y que esté operativo para
fines de julio. Tiene un plazo de gracia de 60 días o hasta noviembre, según
hasta cuando se extienda la emergencia sanitaria, pero quita, no.
-¿Cómo pueden las empresas recuperar lo
pagado en exceso por retenciones de Ingresos Brutos?
-Estamos
habilitando dos formas de recuperar saldos a favor del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos debidos a retenciones en exceso. Por un lado, elevamos un 50%
el monto para la devolución automática vía web, de $200.000 a $300.000 de saldo
acumulado. Por el otro lado, establecimos como alternativa la posibilidad de
compensación para que sirvan para la cancelación de los impuestos Inmobiliario,
Automotor y de Sellos. Pero estas posibilidades rigen siempre que no haya
indicios de evasión. O sea, cuando se trata de alícuotas de retención mal
aplicadas. Porque muchas veces la acumulación de saldos a favor es signo de
subfacturación de ventas.
-¿Cómo hace ARBA para saber si hay
fraude?
-Antes
de devolver el saldo a favor se hace un proceso de fiscalización. En el caso de
la devolución automática, se realiza un cruce de inteligencia fiscal con los
datos de la AFIP sobre IVA con lo declarado en Ingresos Brutos. Pero en general
el que pide la devolución de saldos pasa estos controles. Por eso pienso que
los regímenes de retención están graduados de manera muy agresiva para el
pequeño contribuyente y desde que asumimos, estamos tratando de reducirlos. En
febrero elevamos el límite para ser agente de retención de $40 millones de
facturación anual a $110 millones anuales, pero este año lo vamos a volver a
subir. También estamos bajando las alícuotas de retención para los
contribuyentes con facturación inferior a $1 millón y para los que tuvieron
menos ventas por la pandemia y tuvieron igual más deducciones. Esta es otra
manera de reducir la generación de saldos a favor en Ingresos Brutos.
-La provincia está bonificando a
contribuyentes de Ingresos Brutos, pero también aumentó el desempleo, ¿va a
haber beneficios en Inmobiliario y Automotor para las personas?
¬-Estamos
postergando las fechas de vencimiento y las fechas en las que esos impuestos se
pueden pagar sin intereses y con descuentos. Me parece que lo inteligente es
esperar a fin de año para pensar en condonaciones o bonificaciones de
Inmobiliario, y además, hay que hacerlo por ley. Pero ahí tendremos claro lo
que pasó y veremos cómo quedó la situación de los contribuyentes.
-ARBA lanzó en junio acciones de cobro a
morosos, ¿no se lesiona el derecho de defensa a raíz de las restricciones de la
pandemia?
-Fue
un debate interno intenso. Había fallos de la Corte Suprema de Justicia que
decían que en cuestión de plazos, como los de la prescripción, corren los de
las leyes nacionales. Teníamos deudas que prescribían el 30 de junio si no se
accionaba, intimando a que se hiciera el descargo. Iba a perder el interés
fiscal e iban a ser responsables los funcionarios. Entonces decidimos seguir
con los trámites en la Justicia. Si los contribuyentes logran que los jueces lo
frenen en virtud del derecho de defensa, lo acataremos. Nosotros entendemos que
los plazos son los de la ley nacional.
-¿Cómo viene el ingreso a la moratoria
pyme y la recaudación?
-Vienen
mejorando porque salvo los municipios del conurbano bonaerense que siguen
complicados por la pandemia, hay muchas regiones de la provincia que están en
fase 4 y 5 del aislamiento. Al recuperarse la actividad, mejoran el
cumplimiento y la recaudación de impuestos. Respecto de la moratoria, estamos
en 65% de la meta que nos habíamos puesto, pero al alargarla hasta septiembre
confiamos en que lograremos involucrar 15% del stock de deuda. Eso representa
$3500 millones y estamos en $1800 millones con 49.000 planes. El problema de la
recaudación, de todos modos, es crítico. Durante estos meses perdimos 15% de
los ingresos tributarios estimados, unos $20.000 millones sobre $120.000.
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