El
Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboró un proyecto con
recomendaciones que permitirían bajar los efectos de la pandemia en la economía
El Instituto Argentino
de Análisis Fiscal (Iaraf) elaboró un proyecto integral con medidas tendientes
a reducir los efectos en la actividad de la propagación del COVID-19.
La iniciativa busca
"dotar a la economía de las herramientas necesarias para que se minimicen
los efectos sobre el funcionamiento de la cadena de pagos y mejorar la liquidez
de monotributistas, autónomos y empresas", por lo que plantea líneas de
acción específicas, medidas para autónomos y monotributistas, y propuestas para
Pymes y empresas.
Tales medidas deben
ser tomadas tanto por el gobierno nacional, como provincias y municipios.
"Es clave asegurar a cada provincia y municipio del país el financiamiento
necesario para que pueda dotar de liquidez al sector privado. Si no se hace una
acción coordinada, lo más probable es que se generen inequidades entre
habitantes de diversas regiones del país", advierte el trabajo, liderado
por el economista Nadin Argañaraz.
"Las medidas sugeridas tienen que ver con
tres líneas de acción:
1) Mejorar la liquidez de individuos y
empresas del sector privado, para lo cual se sugiere el diferimiento de pagos
de impuestos como IVA, Ingresos Brutos, tasa municipal y del Impuesto a las Ganancias
2) Estiramiento y una reducción de
anticipos. En segundo término, se propone eximición de aportes y contribuciones,
el pago de Monotributo y autónomos, e impuestos como el Automotor para sectores
afectados.
3) Apoyos directos a los trabajadores
independientes, monotributistas y empleados del sector privado, que toman
mayormente la forma de préstamos para cubrir su ingreso laboral. "El
objeto es contribuir a reducir la incertidumbre acerca del pago de salarios del
mes", señala el trabajo.
El equipo de
economistas del Iaraf estima que si bien el impacto global de estas medidas es
de 435.000 millones de pesos (1,34% del PIB), el aumento del déficit sería de
$155.000 millones, es decir, de 0,48% del PIB. "La diferencia se explica
por el hecho de que una parte importante de las medidas son préstamos por
recuperar en los próximos meses", se aclaró.
Dado que el objetivo
es brindar "la mayor certidumbre posible a todos los actores", se
plantea que las medidas debieran anunciarse de manera "perentoria,
preferiblemente antes del inicio del mes de abril".
Así, el primer día de
abril los diversos agentes económicos consiguen certidumbre sobre aspectos clave
de su flujo de caja y los empleados formales tienen garantizado el cobro de su
sueldo de abril, según indica LaVoz.
El documento reconoce
que la única manera que tiene el Estado de hacer frente a la situación es
mediante la emisión monetaria. En ese sentido, plantea "que el
financiamiento de las medidas tributarias que impliquen resignación transitoria
de ingresos por parte de provincias y de municipios se financie a través de
adelantos de coparticipación (es decir, como préstamos), que deberán ser cancelados
en el momento que previamente se determine". En la propuesta se sugiere
como mes de devolución octubre de 2020, es decir, una ventana de seis meses.
Por ejemplo, la
provincia de Buenos Aires tendría una resignación de ingresos fiscales en abril
de $45.181 millones. De este total, $33.264 millones lo resignaría el Gobierno
provincial y $11.918 sus municipios.
Es decir que Nación
debería darle un adelanto de coparticipación en abril de $45.181 millones, de
los cuales el Gobierno provincial podría distribuir $11.918 millones entre sus
municipios.
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